Para quienes acarrean leña verde a la hoguera en que se quiere achicharrar a los jueces de Chihuahua que absolvieron a un probable asesino, ha de ser irrelevante la orden girada el 17 de diciembre al magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del dizque Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Poder Judicial), por el fiscal general (Poder Ejecutivo) Carlos Manuel Salas:
“Por instrucciones del gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jáquez, en relación al caso Rubí Marisol Frayre Escobedo y en atención al Informe Final de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento del caso Rubí Frayre Escobedo, le solicito al Pleno H. Tribunal de Justicia ordene la suspensión temporal sin goce de sueldo de los jueces: Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado…”
Y “todo, con fundamento en… ¡la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado!”
Por supuesto, Su Señoría (Ramírez Benítez) hizo lo que después aplicó el Congreso de Chihuahua para levantar la hoguera del juicio político: indigna y llanamente, acató la orden.
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