1.- Hay un denominador común en los casos Carmen Aristegui y Gerardo Fernández Noroña: el rupturismo institucional disfrazado de martirologio. O, para decirlo en palabras menos conceptuales, un mandar al diablo las instituciones. La manta y la pregunta formaron parte del juego político de López Obrador.
2.- El caso de Aristegui no fue de censura. Con cálculo político, ella se salió de la escena para permitir la radicalización en las redes sociales. Luego dio una conferencia sin preguntas sobre su caso basado en una pregunta y pidió su reinstalación. En el timing, los medios impresos y radiales fueron más allá de Aristegui en el tema de Calderón. Y nadie los censuró. En el tiempo que estuvo en MVS, ella nunca fue censurada.
3.- El trasfondo forma parte del debate sobre la ley de radio y televisión: una iniciativa impulsada hace tres años por el diputado panista Javier Corral --quien arbitró el código de ética que firmó Aristegui con MVS, reveló Joaquín López Dóriga en Milenio Diario-- para que el Estado interviniera en los espacios periodísticos de los medios electrónicos para dictar lineamientos. En enero del 2008, la propia Aristegui se sumó a esa iniciativa: un Comité de Opinión estatal en medios. La periodista escribió en Reforma de enero de 2008, a propósito de su conflicto con Televisa Radio y la terminación de la relación contractual que ella quiso transformar en censura, pero dejando un tufo a expropiación estilo Chávez:
“El asunto nos lleva a varios temas. El primero y urgente que tiene que ver con la futura Ley de Radio y Televisión y de telecomunicaciones. Después del umbral de discusión que dejó la Suprema Corte de Justicia, los legisladores están más obligados que nunca para dotar al país de un marco legal que permita, garantice y estimule la competencia, la pluralidad, los derechos de las audiencias y de los profesionales, entre otras muchas cosas. Se trata de poner por delante el derecho de todos frente al de las grandes corporaciones.(…)
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