La reacción del gobierno francés ante la ratificación de la condena a Florence Cassez es desmesurada y absurda pero, además, desmerece la tradición francesa de respeto e impulso a los derechos humanos. Cassez fue condenada en cuatro tribunales diferentes formados por jueces distintos; su descargo siempre estuvo formulado por dichos y no se sustentó jamás en hechos; su abogado defensor, con una larga serie de defensas mediáticas, volvió a tratar de lograr la liberación de Cassez mediante esos métodos.
El presidente Nicolas Sarkozy, en un acto de prepotencia política, utilizó la visita de Estado para tratar de lograr la liberación de la joven detenida y condenada por su participación en cuando menos cinco secuestros. Los defensores de Cassez, incluido el gobierno galo, el Partido Socialista y la prensa, siempre han subestimado un punto central: las víctimas de Cassez. Resulta vergonzoso que, para el gobierno y medios tan prestigiados como Le Monde, lo que digan las víctimas terminen siendo algo sin sustancia, algo preparado: ¿podrían los señores de la defensa de Cassez explicarnos cómo se ponen de acuerdo en detalles cinco testigos, cinco víctimas de distintos secuestros, por qué lo harían si la mayoría de ellos luego del terror vivido durante el cautiverio incluso abandonaron el país?, ¿con qué cara pueden el gobierno francés y el presidente Sarkozy equiparar a Cassez con Ingrid Betancourt cuando la segunda fue víctima de un secuestro brutal y la primera una secuestradora?
Cassez fue reconocida por sus víctimas, al momento de su detención, vivía en la casa donde estaban secuestradas por lo menos dos personas; esa casa, que era, además, su domicilio legal, la compartía con el jefe de la banda de secuestradores, que era su pareja, Israel Vallarta. Y eso está probado, confirmado y la condena contra Cassez en cuatro tribunales distintos se basa en eso. Y no tiene Cassez un solo testimonio, una sola prueba que demuestre lo contrario.
Esto es lo que escribió Cristina Ríos, una de sus víctimas, y se trata del testimonio que el gobierno francés y los medios de ese país no quieren escuchar.(…)
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