De alguna manera es justo. Millones de mexicanos tienen que pagar dos veces por la educación de sus hijos. Por una parte cubren con sus impuestos el costo de la instrucción pública; pero como ésta es mala o insuficiente, deben sufragar cantidades adicionales para que sus hijos tengan una educación digna. Permitirles deducir cuando menos una parte, como lo anunció ayer el presidente Felipe Calderón, parece razonable.
Desde la izquierda se cuestionará la deducción por una razón muy sencilla: constituye un subsidio más a las clases medias, a las familias que tienen dinero para pagar una educación privada. De hecho, si examinamos las cifras de los subsidios que paga el gobierno, desde el de la gasolina hasta los del Procampo, concluiremos que la mayor parte están hechos para favorecer a las clases medias y no a los pobres.
Uno de los puntos positivos de la deducción de las colegiaturas es que constituirá un incentivo para la formalización. Quienes se encuentran en la economía informal no podrán beneficiarse. Es común que el gobierno tome medidas que promueven la informalidad; tal es el caso con los subsidios que se entregan por igual a formales o informales, los cuales promueven la informalidad. La deducción a las colegiaturas tendría el sentido opuesto.
Sin embargo, inquieta que nadie haya querido hablar del costo fiscal de la deducción. El presidente Calderón dijo ayer que no habrá ninguno, pero esto es a todas luces falso. Si se va a permitir a millones de contribuyentes deducir las colegiaturas que pagan a escuelas privadas, evidentemente habrá una recaudación menor. El gobierno debe aclarar cuánto será el monto y cómo se compensará: qué programas se reducirán o no se ampliarán, o qué hará el gobierno si los precios del petróleo caen y el erario no puede ya aguantar este sacrificio fiscal.(…)
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