viernes, 4 de marzo de 2011

[Ciro Gómez Leyva. La historia en breve] El presunto ojete también tiene derechos


Del mundo judicial salen versiones de que el amparo promovido por Víctor Daniel Reyes contra el documental Presunto culpable es de una solidez propia de un poderoso despacho de abogados, no de un pobre diablo al que la exhibición le está arruinando la vida.

Demos por buena la versión. Tomemos en cuenta, además, que Reyes es uno de los principales causantes de los cinco injustos años de cárcel de José Antonio Zúñiga. Sumemos que el bufete lo está usando para tratar de llevarse una rebanada de la taquilla, que este fin de semana rebasaría los 15 millones de pesos. Agréguese lo que se quiera. ¿Y? ¿El presunto ojete no tiene derechos también?

Presunto culpable es una desesperada señal de alerta sobre la ruina de nuestro “estado de derecho”. Pero guste o no, en este momento el poder está del lado del documental. Nunca, que recuerde, una producción de esa naturaleza gozó de tan bien merecido respaldo de, literalmente, todos los políticos, medios de comunicación, críticos y ciudadanos. Es un fenómeno formidable.

Reyes buscó el camino de la justicia. Alegó que se estaban afectando su intimidad y vida privada. Los abogados, amparistas profesionales, fueron a los detalles, los tecnicismos, orientaron la acción sobre RTC y convencieron a una juez de lo administrativo con nombre de fábula, Blanca Lobo, que seguramente firmó el amparo con puño tembloroso. Quién querría ser hoy la mala de esta película.

No es censura ni nada por el estilo. Y es una barbaridad proponer que detrás de esta acción está el Poder Judicial federal. El amparo del presunto ojete es un ejemplo nítido para saber quiénes mandan en la justicia mexicana: los abogados fulleros.
Que, por cierto, en esta no sacan la cabeza.

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