Al momento de escribir estas líneas, todavía hay mucho polvo en el ambiente como para ver qué pasó en realidad. Por lo pronto, recapitulo los hechos:
1. Presunto culpable se estrenó hace dos semanas. Ha sido un rotundo éxito tanto en las taquillas como en la discusión pública.
2. La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (Segob) había expedido el permiso para que pudiera ser exhibida.
3. La película cuenta la historia de José Antonio Zúñiga, acusado de un asesinato que no cometió. Los abogados Layda Negrete y Roberto Hernández, productores del filme, lograron reabrir el caso para demostrar la inocencia de Toño.
4. La prueba más importante en contra de Zúñiga, condenado a 20 años de prisión, fue el testimonio de un supuesto testigo que estuvo retenido toda una noche en los separos de la Policía Judicial: el primo del asesinado, Víctor Manuel Reyes.
5. En la película queda claro que Reyes mintió, seguramente coaccionado por la policía.
6. Días después del estreno, Reyes se amparó ante un juez alegando que no había otorgado permiso para que lo filmaran; que Presunto culpable violaba su derecho a la privacidad al difundir su imagen.
7. En lo que se resolvía la demanda, la jueza 12 de Distrito, Blanca Lobo, otorgó la suspensión provisional para que la película fuera exhibida. Así lo ordenó a la Segob.
8. La Segob primero expresó que acataría la resolución de la jueza. Pero luego el subsecretario de Normatividad y Medios, Héctor Villarreal, informó que “las autoridades harán un análisis puntual y cuidadoso sobre los términos” de la resolución. Le solicitarán a la jueza “una aclaración sobre los efectos de lo que ordena” ya que “se detecta ambigüedad y falta de claridad” en la decisión. Más aún, afirmó que el gobierno combatirá la determinación “para que el documental se siga exhibiendo porque la cinta es legal y válida”. Incluso recomendó ir a verla(…)
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