Casi un mes después de otorgada la autorización para que el documental Presunto culpable fuera exhibido en lugares públicos, Víctor Manuel Reyes Bravo solicitó amparo contra ese acto de autoridad, ejecutado por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación. Una jueza federal admitió la demanda y otorgó la suspensión provisional, para cuyo efecto ordenó que la autoridad responsable "prohíba la distribución, proyección y publicidad" de ese filme.
Se trata de un mandamiento judicial de imposible realización.
La ley faculta a RTC a autorizar o negar la autorización para que un material cinematográfico se proyecte en salas de exhibición, pero no le da atribuciones para lo contrario, ya no digamos quitar de la cartelera, sino ni siquiera desautorizar lo autorizado.
Ante tal circunstancia, la Secretaría de Gobernación solicitó a la juzgadora -Blanca Lobo, del juzgado 12 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal- una precisión sobre los alcances de la suspensión provisional, ya que es imposible de cumplir en una interpretación literal y lineal de sus términos. Como está próxima la audiencia en que se concederá o negará la suspensión definitiva, es probable que la cinta de Layda Negrete y Roberto Hernández no sufra afectación alguna y se haya exhibido durante este fin de semana como en los días anteriores, a partir de su estreno el 18 de febrero.
No se habrá concretado, de ese modo, ningún acto de censura, es decir de una acción jurídica proveniente de un órgano estatal destinado a impedir la difusión pública de un documento. Hay que tener presente, por lo demás, que la autorización que expide RTC se limita sólo a la exhibición pública, pero no hay mecanismo jurídico alguno que impida la libre circulación de otros medios de registro gráfico -el DVD en este caso, por ejemplo- y su utilización por particulares.(…)
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