lunes, 12 de diciembre de 2011

Luis Walton propone se demande al gobierno de Alabama ante la CIDH

LEYES ANTIINMIGRANTES DE E.U. PROPICIAN
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

  • Letra muerta, el derecho constitucional al trabajo digno y socialmente útil

El senador Luis Walton Aburto del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó a la Cámara de Senadores un punto de acuerdo con exhorto al gobernador del estado de Alabama, Estados Unidos, Robert Bentley, para que derogue la Ley HB56, porque viola los Derechos Humanos de los indocumentados latinoamericanos.

Asimismo, exhorta al Ejecutivo Federal, para que interponga una demanda al gobierno de Alabama ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por promulgar dicha ley, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, para que envíe una nota diplomática sobre estas lesivas leyes antiinmigrantes.

El legislador guerrerense Luis Walton considera esta ley como un acto deplorable, pues convierte en delito el transporte o albergue a inmigrantes indocumentados, al tiempo que castiga a quienes dan empleo a migrantes.

Respecto de Alabama, Walton asegura que se trata de una nueva norma promulgada el pasado 9 de junio, que criminaliza a todo ilegal que radica en ese estado de la Unión Americana, incluso alienta que en las escuelas se indague y verifique la nacionalidad de los estudiantes y padres de familia.

“Lo anterior demuestra un claro racismo hacia los migrantes latinoamericanos que trabajan en el estado de Alabama, y es todavía más discriminatoria y racista que la Ley Arizona SB1070”, condena Walton en su exposición de motivos.

Dicha ley no solo perjudica a indocumentados, sino que se revierte contra los autores, pues no hicieron un estudio económico del impacto que traería la norma en su economía al expulsar a cerca de 130 mil indocumentados.

Señala el senador de Movimiento Ciudadano que durante el gobierno del presidente Barak Obama se ha deportado a más de un millón de indocumentados, acción por la cual su administración ha dejado de percibir de 11 mil a 25 mil millones de dólares.

Walton manifiesta además que aunque el problema migratorio es un asunto bilateral entre México y Estados Unidos, nuestro país no ha hecho nada por aliviar este malestar. “Los cálculos oficiales mexicanos indican que la emigración fue de 260 a 290 mil personas entre 1960 y 1970; de 1.2 a 1.5 millones entre 1970 y 1980; de 2.1 a 2.6 millones entre 1980 y 1990; y de alrededor de 1.5 millones durante 1990-1995. Esto significa que el flujo anual neto se ha multiplicado en más de 10 veces en las últimas tres décadas”, precisa.

Lo anterior, subrayó, demuestra que el artículo 123 de nuestra Constitución, que cita: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;…”, no se  cumple plenamente, pues sí así fuera, los mexicanos no arriesgarían su vida tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.

“Como nuestro gobierno es incapaz de garantizar que se cumpla cabalmente el artículo 123 constitucional, lo mínimo que debe hacer por los conciudadano que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos es procurar que no sean tratados como criminales por leyes antiinmigrantes norteamericanas”, aseveró.

Para finalizar, el también líder de Movimiento Ciudadano, advierte que el gobierno Federal debe actuar de manera rápida y eficaz, y demandar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a los gobiernos que han promulgado leyes antiinmigrantes propiciatorias de violaciones a los derechos humanos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte para su dictamen correspondiente.


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