Tribuna de Campeche
Sección: Campeche
Género: Nota informativa
Publicación: 29 noviembre de 2010. 21:34
Autor: Redacción
El Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) viola la ley al permitir que circulen como taxis al menos 400 vehículos que usan placas particulares, o que se activen placas que fueron robadas, denunció el dirigente estatal de Convergencia, Manuel Zavala Salazar, al anunciar que interpondrá denuncia penal contra esa agrupación, que opera como verdadera “delincuencia organizada”. Mostró fotos de una combi que presta el servicio de taxi bajo el número económico 6003 y la razón social 485BEA de la delegación de Champotón perteneciente al FUTV, placa que le fue robada a Manuel Jesús Vivas Cámara.
El afectado denunció el robo de su placa, que fue vendida en 30 mil pesos a Wílliam Escobedo Pavón, propietario de la combi. Lo lamentable es que el FUTV entregó las placas, lo que evidencia corrupción y la red de delincuencia al interior de esa agrupación, a la que consideró integrada por un grupo de vándalos, que violentan la ley con anuencia de las autoridades.
Exigió al director del Instituto Estatal del Transporte, tener mayor control de las rutas y que se cumplan los procedimientos establecidos en la ley para la entrega de placas.
Acompañado del jurídico de Convergencia, Juan Carlos Santamaría, expuso que salvo honrosas excepciones, el FUTV opera como agrupación vandálica, represora y monopólica, bajo la complacencia de los gobiernos estatales anteriores.
Se estima que unos 400 vehículos prestan el servicio de taxi de manera irregular, con permisos vendidos por el FUTV, sin cumplir con los requisitos de ley, ni autorización oficial, y otros con placas robadas, por lo que exigen detener las unidades que no cumplan con los requisitos.
Zavala Salazar pidió al gobernador que no titubee para terminar con las irregularidades en este gremio, y permitir a quienes de manera honrada y excepcional pretenden dignificar la prestación del servicio público a los campechanos.
Darán continuidad a la denuncia para llegar hasta las últimas consecuencias, pues tienen pruebas suficientes para demostrar que los dirigentes de esa agrupación incurren igualmente en enriquecimiento ilícito, y obstaculizan la prestación del servicio a quienes verdaderamente lo necesitan.
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