Primeras Planas, La Jornada

Liberan a siete guanajuatenses encarceladas por haber abortado

Guanajuato, Gto., 7 de septiembre. Soy libre porque soy inocente. Se me hizo justicia, dijo Yolanda Martínez Montoya cuando ella y otras seis mujeres que sufrieron abortos espontáneos salieron de los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, donde purgaban sentencias superiores a 25 años, acusadas de asesinato.

Este martes entró en vigor una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco, que redujo de 35 a ocho años de cárcel las penas a las mujeres que den muerte a un recién nacido. Con esta reforma al Código Penal, a partir de las 17:30 horas fueron liberadas una por una las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha.

La mayoría de las mujeres no hablaron con los reporteros que las esperaban fuera del penal de Puentecillas. Sólo quiero estar con mi familia, dijeron al abordar camionetas del gobierno del estado que las llevaron a sus hogares en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato y San Luis de la Paz.

Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar, pues las leyes de Guanajuato son inequitativas y discriminatorias para las mujeres, dijo Yolanda.

Entre lágrimas y sonrisas, la joven originaria de la comunidad Las Trancas, en Dolores Hidalgo, repetía que era inocente y recriminaba haber estado más de seis años en prisión por un delito que no cometió.

Agregó que no aceptó que la llevaran a su casa en camionetas del gobierno estatal panista, porque quería salir con la frente en alto del Centro de Readaptación Social (Cereso).

Las campesinas recibieron, por conducto de funcionarios, ofertas del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, entre ellas apoyo para mejorar sus viviendas, dijo Martínez Montoya.

No quiero nada. Quiero ser yo. No quiero estar ligada a ninguna persona que tenga que ver con el gobierno, porque me hicieron mucho daño. No quiero nada de ellos, afirmó la dolorense.

Consigue Mexicana que un juez la declare en concurso mercantil

Comienza un periodo para negociar la restructura financiera con sus acreedores

Mexicana de Aviación consiguió este martes que un juez federal en materia civil la declare en concurso mercantil. Ahora comienza un periodo de 12 meses para que la empresa negocie una restructura financiera con sus acreedores, y de no llegar a un acuerdo será declarada en quiebra.

Felipe Consuelo Soto, juez decimoprimero de distrito en materia civil en la ciudad de México, notificó ayer el contenido de su sentencia en la que declaró procedente la petición de concurso presentada por Mexicana el pasado 3 de agosto, ante la imposibilidad de hacer frente a pasivos cercanos a 15 mil millones de pesos.

La sentencia de concurso abrió el proceso de reconocimiento de acreedores y graduación de los créditos, es decir, en qué orden tienen derecho a cobrar.

En su resolutivo, que puede consultarse en el listado de acuerdos del juzgado decimoprimero civil, el impartidor de justicia ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) que en los próximos cinco días hábiles designe al conciliador que asesorará al juez, a la empresa y a los acreedores para lograr un acuerdo.

La figura legal del concurso mercantil fue creada para que las empresas hagan frente a situaciones de crisis financiera. En México, al concurso pueden acceder los empresarios que tengan vencidas más de 35 por ciento de sus obligaciones o que no tengan activos de fácil realización para cubrir el 80 por ciento de sus obligaciones vencidas.

La declaración de concurso se solicita a un juez federal. El concurso consta de dos etapas: la conciliación y la quiebra. En la etapa de conciliación, que dura un año, el objetivo principal es la consecución de un convenio entre la empresa y sus acreedores. De no conseguirse el convenio se declara la quiebra de la empresa, procediéndose a vender los activos y a pagar con su producto a los acreedores hasta donde alcance.

Evade la Suprema Corte de Justicia acotar el fuero militar

Como en asuntos anteriores, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó por mayoría (ocho votos a tres) analizar la constitucionalidad del fuero militar.

En esta ocasión los ministros desecharon el proyecto elaborado por José Ramón Cossío Díaz, quien proponía que el Poder Judicial de la Federación (PJF) acatara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que condenó al Estado mexicano por la violación a los derechos de Rosendo Radilla, quien aún se encuentra desaparecido.

Y es que uno de los resolutivos de la CIDH tiene que ver con el hecho de que los jueces mexicanos garanticen que cuando un militar sea acusado de cometer un delito en agravio de civiles, éste sea juzgado en el fuero civil, y en ninguna circunstancia en el fuero de guerra.

Tanto le preocupó el tema al ministro Sergio Aguirre, que planteó que cuando se revise el tema de fondo sea en sesión privada, porque se trata de un asunto morrocotudo. El pleno del llamado poder de la transparencia decidirá en su momento si acepta o no la propuesta.

Después de cuatro sesiones, el pleno encontró ayer nuevos elementos para no analizar el fondo del proyecto de Cossío, que planteaba la obligación de la SCJN de acatar la sentencia en la parte que concierne a las recomendaciones hechas al PJF, por lo que resolvió desechar el documento de Cossío y designar a Margarita Luna Ramos para que elabore un nuevo dictamen en el que, exclusivamente, señale que se resolvió la consulta a trámite planteada por el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sobre el caso Rosendo Radilla. Una vez que Luna elabore su documento, entonces se turnará el asunto a otro ministro para que elabore un proyecto en el que el tema inicial sea si la sentencia de la CIDH es ejecutable o no ejecutable y si la Corte se extralimitó en su sentencia al no tomar en cuenta –como lo aseguró Aguirre– las reservas que incluyó el gobierno mexicano en materia de fuero militar para aceptar la jurisdicción del organismo interamericano.

Evalúan diputados y electricistas crear empresa que dé servicio en la zona centro

La asignación de una partida especial para crear una empresa pública que se encargue de suministrar energía eléctrica en el centro del país fue la propuesta que se discutió en la reunión que sostuvieron ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín, legisladores de diversos partidos políticos y dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Martín Esparza.

Antes de la reunión, electricistas rodearon San Lázaro con casas de campaña, lonas y mantas, porque tenían la intención de establecer campamentos, pero su plan cambió luego de la sesión en que el presidente de la mesa directiva de la Cámara manifestó su disposición a encontrar un acuerdo político para poner fin al conflicto.

Paralelamente a la movilización que llevaron a cabo los trabajadores no liquidados del SME en la Cámara, integrantes del gremio realizaron ayer mítines frente a la Secretaría de Energía y el Hemiciclo a Juárez, junto con la Federación Sindical Mundial, por el Día Internacional contra el Neoliberalismo, y posteriormente efectuaron un foro en la sede sindical con el mismo tema.

En San Lázaro, el comité central del SME fue recibido por Ramírez Marín. Fue un encuentro que duró un par de horas y en el que estuvieron el vicepresidente de la Cámara, Amador Monroy, y varios legisladores, entre ellos Alejandro Encinas, del PRD; Miguel Ángel Pompa, del PRI; Laura Itzel Castillo, también perredista, y Mario di Costanzo y Teresa Reyes, del PT. En la reunión hubo coincidencia en abonar en el Legislativo en la búsqueda de una solución al conflicto.

Martín Esparza informó a la prensa que entre los asuntos abordados destaca qué entidad gubernamental se encargará del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, por lo que se planteó la posibilidad de que se asigne una partida especial para conformar una compañía. En segundo lugar se trató el hecho de que está pendiente que dos comisiones entreguen su informe: la plural, que se estableció para analizar el conflicto, y la encargada de ver la constitucionalidad de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El líder del SME sostuvo que el conflicto sigue y hay un problema delicado en cuanto al suministro de energía y criminalización de los trabajadores cuando falla el servicio, pues se echa la culpa de ello a los miembros del SME, así como el hecho de que la población está pagando las consecuencias de la decisión gubernamental con tarifas altas, servicio pésimo y la imposición de medidores de prepago. Por ello y ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación, se pidió la intervención del Congreso de la Unión.

Explosión en la refinería de Cadereyta; un muerto y 10 heridos

Monterrey, NL, 7 de septiembre. Una explosión ocurrida la mañana de este martes en la refinería Héctor R. Lara Sosa, de Pemex, ubicada en el municipio de Cadereyta –a 50 kilómetros de Monterrey–, provocó la muerte de un trabajador, lesiones graves a dos empleados y leves a otros ocho, informó la paraestatal.

El accidente ocurrió a las 9:20 horas, debido a una fuga en el compresor 3800 de recirculación de hidrógeno de la planta hidrodesulfuradora de gasóleos, donde luego se registró un incendio, controlado minutos después por el mismo personal de Pemex.

La persona fallecida fue identificada como Juan Salvador Sánchez Paz, de 32 años e ingeniero de operación de la planta. Rodolfo Montemayor Mota y Blas Jaime Segura Carballo, operadores especialistas de 49 y 40 años, respectivamente, sufrieron quemaduras y se les trasladó al hospital regional de Pemex.

Con lesiones muy leves, la empresa reportó a Rodolfo Cardiel Rodríguez, Jorge Blanco Escobar, Pedro Flores Montalvo, Miguel Vázquez y Heriberto Mancilla Ramos, también empleados de Pemex, así como a Hugo Alfredo Almaguer, Miguel Ángel Vega Flores y Yuriria Guerra, de la empresa contratista privada Construcciones Industriales de Cadereyta.

El estruendo por la explosión se escuchó hasta unos 10 kilómetros, y la onda expansiva destrozó cristales en oficinas de la planta, así como de empresas privadas aledañas a las instalaciones petroleras.

Socorristas, bomberos y elementos de protección civil acudieron a la zona del accidente. Trabajadores de la refinería fueron desalojados ante el riesgo de nuevas explosiones.

Empleados de Pemex que pidieron anonimato consideraron que accidentes de este tipo ocurren por la participación de empresas improvisadas, que lograron contratos desde la gestión del ex gerente de la planta Francisco Toscano, actualmente subdirector de Producción de Pemex Refinación.

Con información de Víctor Cardoso