El Universal
Género: Opinión
Publicación: 3 de agosto de 2011
Autor: Alejandro Gertz Manero
A los representantes del gobierno mexicano se les debería caer la cara de vergüenza con el ejemplo que les están dando las autoridades de los Estados Unidos, que sí han enfrentado con transparencia y responsabilidad la investigación sobre la escandalosa conducta y los delitos que cometieron policías y funcionarios de diversas agencias oficiales, al organizar una operación encubierta que permitió el contrabando de más de 2 mil 400 armas de alto poder, para que fueran utilizadas por las mafias de narcotraficantes de nuestro país, con el objeto de asesinar a sus contrincantes, a policías mexicanos y a la población que se les opusiera o que no se sometiera a ellos.
Este asunto tan grave, que ha escandalizado a la opinión pública estadounidense, se destapó cuando dos agentes de ese país que operaban en México fueron balaceados en nuestro territorio, y murió uno de ellos, como consecuencia del uso de armas que se importaron delictivamente a México en el operativo Rápido y furioso; a partir de ese momento, se desató, en los Estados Unidos, un movimiento de indignación que llevó al Congreso de EU a actuar de inmediato, para obligar a quienes organizaron la misión a responder por esa estupidez, que significa también una responsabilidad delictiva de quienes la operaron y dirigieron, a sabiendas de lo que podría ocurrir en nuestro país y de las consecuencias criminales que iba a acarrear, ya que en la propia Unión Americana una de esas armas también fue utilizada para matar, en 2010, al agente de la patrulla fronteriza Brian Terry en el estado de Arizona.
Sobre todo este asunto acaba de darse a conocer un reporte de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, que señala que las armas que se contrabandearon a México bajo la protección del operativo Rápido y furioso ya fueron identificadas en diversos crímenes, cometidos durante 2009, 2010 y 2011 en Guerrero, Sonora, Baja California, Chihuahua, Durango y Nayarit.
Este asunto, que no tiene para cuándo terminar, está propiciando que día con día sigan saliendo a la luz nuevos hechos e imputaciones cada vez más graves en contra de diversos funcionarios, para que finalmente, la semana pasada, ya hubiera un señalamiento directo por parte de agentes estadounidenses de que autoridades mexicanas sabían de todo esto, lo cual fue soslayado por la vocería oficial de nuestro país.
Ante tales circunstancias es indispensable ahondar en dos vertientes: la primera se refiere a la posibilidad de que este operativo haya sido necesariamente conocido y aprobado por autoridades mexicanas, ya que es imposible concebir que un delito que se comete en México, con armas que se importaron ilegalmente, pudiera dársele seguimiento e identificación en los Estados Unidos sin que la policía, el Ministerio Público, los peritos y todas las autoridades mexicanas involucradas en la investigación de cada uno de esos delitos no les hubieran rendido a las autoridades estadounidenses información policiaca, pericial y ministerial, que es secreta, para que éstas pudieran verificar que dichas armas habían sido utilizadas para cometer crímenes por delincuentes mexicanos que exportan droga hacia EU.
Si estos hechos, que son evidentes, se ratificaran en un procedimiento penal, podrían establecerse las responsabilidades de quienes en México colaboraron para que se cometieran esos delitos; teniendo el deber jurídico de evitarlos, generando así, conductas delictivas que se hallan establecidas en el Artículo 7° del Código Penal Federal.
En esos casos, que son muy fáciles de aclarar, las autoridades mexicanas han eludido su obligación de investigar a fondo lo ocurrido, contrariamente a lo que han hecho los funcionarios y políticos norteamericanos.
El otro aspecto que es indispensable enfrentar es el de la investigación que debe realizarse en México contra de los burócratas estadounidenses que, violando las leyes de nuestro país, presuntamente pudieron haber cometido diversos delitos en México, al ser cómplices, encubridores o copartícipes de los homicidios que se cometieron aquí, con las armas que ellos permitieron pasar a nuestro territorio, y que después fueron identificadas en esos crímenes, de lo cual ellos fueron evidentemente corresponsables.
Todos estos hechos, que son de una gravedad inusitada porque involucran la soberanía de nuestro país, se han analizado en el Congreso, en el Ejecutivo y en todos los medios estadounidenses, mientras que en México el inmenso velo de la impunidad y de la secrecía ha caído sobre tales asuntos, ya que no hay autoridad que quiera enfrentar el tema, generando, de esa manera, una nueva mácula en el área de seguridad y justicia de nuestro país, que podría ser cómplice o encubridora de diversos delitos de sangre que ahora se niega a investigar.
Si esta colusión delictiva queda impune, se corroborarían todas las hipótesis de ineptitud, complicidad y encubrimiento que flotan en el ánimo de la población frente a las conductas oficiales en esta materia, convirtiendo al silencio oficial en su propia confesión.
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