El Universal (también La Jornada de Oriente)
Género: Nota Informativa
Publicación: 3 de noviembre de 2011 – 17:23
Autor: Xóchitl Rangel
El Congreso de Puebla analizará la posibilidad de eliminar la pena carcelaria a las mujeres que se practiquen un aborto, sustituyéndola por tratamientos médicos, multas económicas o trabajo social.
Asimismo, plantea prisión de seis meses a un año como máximo si es que se detecta que una mujer reincide en el acto.
De acuerdo con la iniciativa enviada por el mandatario Rafael Moreno Valle Rosas al Poder Legislativo a través del secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, "la prisión como sanción inhibe la viabilidad de resocialización".
La propuesta plantea reformar los artículos 98 y 342 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla de forma que a la mujer que voluntariamente se realice un aborto o consienta que alguien más lo haga, sólo se le imponga un tratamiento médico integral -en libertad- en alguna institución de salud pública, mismo que tendría duración de un mes como mínimo y no exceder un año.
También propone una multa de 50 a 500 días de salario mínimo o bien trabajo social a favor de la comunidad.
El documento resalta que en caso de reincidencia se recurrirá a tratamiento médico integral y prisión de seis a doce meses.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, el único diputado que habló al respecto fue José Juan Espinosa Torres -de Movimiento Ciudadano- quien se congratuló por la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle.
Expuso que en Puebla la problemática del aborto clandestino es uno de los más graves, pues ni siquiera existen estadísticas fidedignas que puedan reflejar los agravios a la salud de las mujeres.
Agregó que al menos 10 mujeres han sido privadas de su libertad por abortar, por lo que esta iniciativa representa un momento de apertura para que los legisladores discutan la despenalización del aborto y su práctica legal en la entidad.
Sobre el tema, Lucero Saldaña -secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- manifestó que no debe sancionarse sólo a las mujeres pues su pareja es co-responsable en los procesos de embarazo y aborto.
Recalcó que el aborto es un problema de salud público, por lo que consideró urgente generar políticas públicas de salud y acompañamiento jurídico, emocional y psicológico para revertir el fenómeno.
Por lo pronto la iniciativa fue enviada a comisiones para su análisis y futura discusión.
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