La Jornada de Oriente (Puebla) – también Intolerancia–
Género: Nota Informativa
Publicación: 13 de enero de 2012
Autor: Mónica Camacho
Movimiento Ciudadano otorgó una calificación reprobatoria –de tres puntos en una escala de 10– al primer año de administración del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas e identificó al mandatario con el autoritarismo, la persecución política, así como el menosprecio a la autoridad municipal y los derechos laborales.
La Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano acusó además una política centralizadora en la licitación de proyectos de obra pública, algunos de los cuales registran sobrecostos de hasta 150 por ciento.
José María Meza Pérez, quien es uno de los dirigentes en Puebla del partido de izquierda, realizó el balance de la administración morenovallista a escasos días de que el gobernador rinda su primer informe de labores el domingo próximo.
El líder partidista dijo que los resultados de la gestión estatal en materia de derechos y libertades son negativos, ya que diversos actores políticos, ciudadanos y organizaciones sociales acusaron a lo largo de 2011 que fueron objeto de persecución política de parte del gobierno.
Destacó los casos de la panista Ana Teresa Aranda Orozco y el líder nacional de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, quienes aseguraron en diversos momentos que fueron víctimas de amenazas por parte de funcionarios o enviados del gobierno del estado.
Meza Pérez criticó que la administración estatal también ha incurrido en diversos actos de represión y como ejemplo refirió el desalojo de campesinos en Chignahuapan que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública el 23 de agosto.
“La Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación al titular de la SSP, Ardelio Vargas Fosado, por la violación de garantías y lesiones contra 31 campesinos durante el operativo, el cual justificó con el argumento de que hace prevalecer el ‘Estado de derecho’”, reprobó.
A la par, criticó el programa “peso a peso”, porque a través de éste la administración estatal concentra la licitación de obra pública que se realiza en los municipios, mientras los ayuntamientos se limitan a aportar la inversión que les corresponde.
A su parecer, el esquema de coinversión sólo favorece al gobierno morenovallista, así como a las empresas a las que le asigna los proyectos de construcción, los cuales –dijo– se están presupuestando a “precios elevados”.
Refirió el caso de la rehabilitación de la carretera de 3 kilómetros que conecta a La María con Covadonga, a la cual se le asignó un presupuesto de 53 millones de pesos, cuando seis meses atrás la administración de Mario Marín Torres estimó un gasto de 22 millones de pesos para el mismo proyecto de obra.
En materia laboral, alertó que entre 2011 y 2012 la Secretaría de Salud despedirá a más de 500 trabajadores, al mismo tiempo que el personal señala “cargas excesivas de trabajo con el inicio del Seguro Popular, condiciones laborales precarias y consultorios ineficientes”.
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