jueves, 12 de enero de 2012

ZEDILLO RESPONSABLE POR OMISIÓN EN LOS ASESINATOS DE ACTEAL

Afirma Francisco Alcibíades García Lizardi: “fue arrogante y sin visión de Estado para gobernar”

ERNESTO ZEDILLO TIENE RESPONSABILIDAD PENAL
POR OMISIÓN EN LOS ASESINATOS DE ACTEAL

  • Penoso, que el Ejecutivo se sume a la patética demanda de inmunidad
  • Coincidencia entre Calderón y Zedillo: el uso del Ejército para asuntos internos

Ernesto Zedillo Ponce de León debe responder ante la justicia por su responsabilidad en el infame asesinato colectivo de 45 indígenas en el municipio de Acteal, Chiapas, ocurrido el 22 de diciembre de 1997, declaró hoy el senador bajacaliforniano de Movimiento Ciudadano, Francisco Alcibíades García Lizardi.

“Es una vergüenza que el ex mandatario pida inmunidad ante este crimen de lesa humanidad (lo que equivaldría a concederle impunidad), e inadmisible que el gobierno de México lo secunde”, enfatizó García Lizardi. 

Como lo han estado señalando los medios de comunicación nacionales e internacionales la justicia que demandan ante una corte de Estados Unidos cuatro mujeres y seis hombres víctimas de aquella atrocidad, tiene fundamente jurídico, agregó el legislador, y precisó: desde principios de los años 90 entraron en vigor en el país vecino los Estatutos de Reclamación por Agravios contra Extranjeros y el de Protección a Víctimas de Tortura, que permiten a los extranjeros que hayan sido víctimas de actos de tortura y crímenes de guerra en otros países demandar a sus victimarios ante los tribunales estadounidenses, siempre que el responsable de los hechos resida también ahí.

Además de lo anterior, dijo García Lizardi, la Fiscalía Especializada creada por la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, no deja lugar a dudas en su informe sobre el caso, elaborado después de un minucioso análisis de todas las declaraciones ministeriales, las investigaciones, los peritajes y las pruebas documentales que fueron aportadas hasta el 31 marzo de 2011. Señala al respecto:

“Dada la documentación y la evidencia, la conclusión que se impone es que hubo responsabilidad penal por omisión impropia (conspirativa) de parte del gobierno federal de Ernesto Zedillo. Esta responsabilidad no se ha deslindado y, por tanto, hay un caso de impunidad en hechos que implicaron la muerte de 45 personas.”

Por si lo anterior no bastara, prosiguió el senador García Lizardi, fue del dominio público que inclusive la Procuraduría General de la República llegó a fabricar pruebas falsas para culpar a inocentes. Recuérdese que 20 de ellos, indígenas todos, fueron liberados en agosto de 2009 por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se descubrió que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios inventados, por decir lo menos.

Abundó el senador bajacaliforniano al señalar que el abuso de autoridad, la ligereza y absoluta irresponsabilidad de la conducta de Ernesto Zedillo mientras fue jefe del Ejecutivo, se confirman también con el vergonzoso proceso de privatización de los Ferrocarriles Nacionales de México, proceso que coronó descaradamente al privilegiar su interés personal y ser premiado, al concluir su mandato,  con un cargo directivo en la empresa trasnacional Union Pacific, una de las empresas beneficiadas por la privatización con el 20 por ciento de las acciones del Ferrocarril Chihuahua Pacífico.

En el caso de Acteal, lo penoso del asunto es que sea el propio Felipe Calderón quien, con una nota diplomática, se sume a la patética petición de inmunidad de quien fue un ex presidente improvisado, arrogante, sin visión de Estado ni vocación para gobernar, aseveró García Lizardi, quien añadió:

“Puede tratarse de un compromiso de gratitud hacia quien le entregó el poder al PAN en el año 2000, o bien el jefe del Ejecutivo se está curando en salud: para nadie es un secreto que tanto Zedillo como Calderón tienen un denominador común: el uso de las fuerzas armadas para resolver conflictos internos.”

Más allá de la gravedad que significa recurrir al Ejército como último recurso para enfrentar emergencias de seguridad, lo peligroso es hacerlo irresponsablemente, sin un marco jurídico adecuado y líneas de mando de responsabilidad inequívoca, para evitar que se repitan asesinatos como los de Acteal, concluyó el senador de Movimiento Ciudadano.

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