DEBEN IMPLEMENTARSE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS
DE ATENCIÓN A HUÉRFANOS EN EL PAÍS: LUIS WALTON
· Que se garanticen apoyos de ayuda psicológica, acceso a la salud y educación
· Diputados: son 10 mil los huérfanos; versiones periodísticas hablan de 60 mil
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, presentó hoy al Senado de la República un punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar un padrón que integre al número exacto de huérfanos que, desde diciembre de 2006 a la fecha, tiene el país a causa del combate al crimen organizado.
La propuesta del legislador guerrerense solicita también que el Gobierno Federal implemente políticas públicas y programas de protección y atención para todos estos huérfanos, mediante ayuda psicológica, acceso a la salud y garantías de entrada y permanencia a la educación en todos los niveles, con apoyos económicos y otras acciones de corte social que aseguren el apoyo a estas personas.
Luis Walton argumenta que una de las obligaciones fundamentales de cualquier Estado es garantizar seguridad a los habitantes de su territorio. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, párrafo noveno, señala que es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno garantizar dicha seguridad.
Sin estar formalmente en guerra civil, México registra 5 mil desapariciones forzadas y más de 50 mil muertes violentas en la lucha contra organizaciones criminales; en el 95% de los casos no existe averiguación previa, por lo que no se podría determinar (como lo asegura el gobierno federal), que la mayoría de estos muertos eran delincuentes que se mataron entre ellos por ajustes de cuentas, asienta Walton Aburto.
Subraya el también coordinador nacional de Movimiento Ciudadano que se debe estar conscientes de que la “guerra” contra el crimen organizado conlleva una gran cantidad de víctimas, entre ellas los huérfanos que sufrieron el asesinato o desaparición de alguno de sus padres por parte de la delincuencia organizada y que no tenían relación alguna con dicha actividad.
“Nosotros no nos oponemos a que las autoridades gubernamentales combatan al crimen organizado, pero no estamos de acuerdo en cómo se está llevando a cabo la lucha contra el hampa”, asevera Walton Aburto.
Afirma Luis Walton que los huérfanos que actualmente tiene nuestro país son un sector de la población al que resulta ineludible atender, pues están en condición extraordinaria de desprotección; muchos huérfanos y familias enteras están sufriendo exclusión social, aun cuando las instancias legales demuestren que no tienen más vínculo con los supuestos “delincuentes” que el de la sangre o el parentesco.
Continúa: además de causarles daño moral, les impide acceder a derechos que por ley merecen, o a la protección de las instancias encargadas de impartir justicia o de brindar seguridad social. Debemos estar conscientes de que hay casos en que los motivos que les orillan a optar por salidas fáciles y erróneas, son la carencia de bienestar social y el no tener acceso a una educación y a un empleo de calidad.
Cita Luis Walton datos de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, que revelan que la lucha contra el crimen organizado ha dejado un saldo de 10 mil menores huérfanos y 120 mil personas desplazadas, agrega: otras referencias periodísticas señalan que son entre 50 mil y 60 mil huérfanos que ha dejado esta “guerra contra el narco”.
Incluso hay fuentes que señalan que, tan sólo en Ciudad Juárez, hay 10 mil niños y niñas que han perdido uno o los dos padres y que están en una condición de desprotección.
Con todo este mar de cifras, dice, se muestran dos cuestiones fundamentales: primero, la magnitud de las secuelas que hasta ahora ha tenido una fallida estrategia para combatir el flagelo del crimen organizado; y segundo, que no hay un registro claro y preciso del número de huérfanos que ha dejado el combate a la delincuencia organizada.
Por tal motivo el senador Luis Walton exhorta al Ejecutivo Federal para que elabore un padrón de los huérfanos resultantes del combate al crimen organizado y solicita implementar políticas públicas y programas de atención en beneficio de éstos.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
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