Leo que la primera defenestración del gobierno de la flamante presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es un alto funcionario, experto en materia de drogas y responsable del ministerio respectivo en su país.
¿La razón? Que el hasta ahora secretario de las Drogas, Pedro Bramovay, hombre de 30 años, antes director ejecutivo de la oficina de la ONU sobre drogas y crimen (UNODC), sostuvo en público la tesis de que no debía encarcelarse a los narcomenudistas, especialidad de las policías de todo el mundo, sino buscar penas alternativas a quienes son sólo el eslabón final de una cadena. La responsabilidad mayor está en otra parte y se combate cerrando el paso del agua no tapando cada uno de los hoyitos de la regadera.
Su posición, razonable, pues las cárceles del mundo están llenas de narcomenudistas, sin otra consecuencia que acelerar su conversión en verdaderos criminales, va en el camino de empezar a mirar el tema del tráfico y el consumo de drogas con ojos menos punitivos que los que exige el consenso mundial en la materia, radicado por cierto en la ONU.
De la misma ONU, paradójicamente, empiezan a llegar cada día mayores argumentos para cambiar la mirada mundial hacia el fenómeno de las drogas.
Desde la firma de todos los países miembros de la ONU del acuerdo de persecución internacional de las drogas (1998), los países han empezado a aportar información sobre el fenómeno y la ONU ha empezado a tener información sistemática sobre él.
La evidencia numérica de la ONU revela que en la última década de persecución, ni el consumo ni el tráfico ilegal de drogas han disminuido, como es el propósito declarado del acuerdo mundial. Se han tenido, en cambio, serias “consecuencias no buscadas” (aumento exponencial de la violencia) en países de producción y paso de drogas, como Myanmar, Colombia o México. La política punitiva ha sido un fracaso.
Notable que Bramovay, conocedor sí de alguno de estos hechos, y proponente de un camino menos dogmático en la materia, haya tenido como adversario irreductible al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, del Partido de los Trabajadores, el mismo de Dilma y Lula, un partido del que se esperaría una postura más avanzada, justo como la de Bramovay, en materia de persecución y control de las drogas.(…)
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