El jueves pasado, el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg, escribió un artículo donde criticaba la postura de los que interpusimos un amparo en contra de la prohibición constitucional que tenemos las personas y los organismos sociales de comprar anuncios de radio y televisión dirigidos “a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. Es nuestra convicción que este impedimento limita la libertad de expresión, viola la libertad de asociación y atropella un principio de igualdad ciudadana.
Woldenberg recuerda que dicha prohibición ya existía en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), una ley secundaria, antes de la reforma electoral de 2007. Pero dicha reforma elevó este impedimento a la ley fundamental, es decir la Constitución, porque en el proceso electoral de 2006 la norma fue violada. Efectivamente: el Consejo Coordinador Empresarial contrató spots en aquella elección para defender sus tesis económicas y, de manera implícita, apoyar a Calderón y rechazar a López Obrador. ¿Se trató de un acto ilegal? Sin duda. Pero la ley no preveía ningún castigo. Y norma que no contempla sanción es como un llamado a misa.
Además, los empresarios pudieron haber alegado que la restricción en el Cofipe era inconstitucional porque violaba el artículo sexto de la Constitución que establece el derecho a la libertad de expresión. Al haber subido la prohibición a la Carta Magna en la reforma de 2007, pues ya no se puede alegar esto. En cualquier caso, la cantidad de spots financiados por la iniciativa privada en las elecciones pasadas fue pecata minuta si se toma en cuenta los cientos de miles de anuncios que los partidos trasmitieron incluidos, desde luego, 280 mil más que los permitidos por ley.(…)
No hay comentarios:
Publicar un comentario