El principal obstáculo para que el gobierno capitalino atienda la recomendación de suspender la construcción de la Supervía Poniente es el costo que ello tendría para la autoridad capitalina. Ése es su argumento central, amén de las consabidas explicaciones sobre la necesidad de comunicar zonas de la ciudad que requieren ser conectadas. La autoridad ha fabricado una situación sin cumplir cabalmente la ley y sin esperar que otros la cumplan, y ahora busca utilizar en su provecho su propio abuso y negligencia y colocar a la sociedad, y no sólo a los impugnadores de la obra, ante hechos consumados.
Hace una semana, el 20 de enero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación en cuyo primer punto se propone al jefe del Gobierno, Marcelo Ebrard, suspender la obra. De inmediato, sin aguardar a que transcurra el plazo legal para responder, y notoriamente sin conocer el contenido completo del documento, su respuesta reiteró una posición expresada de manera contumaz: la obra no será suspendida.
Antes de la recomendación, cuando suspender el proyecto era una demanda de un sector de la sociedad civil, el argumento tenía un peso diferente al de hoy, cuando se oponen pesos y centavos al respeto a los derechos humanos. Todavía anteayer miércoles se alegó que detener la obra costaría al gobierno mil millones de pesos. Es que la autoridad ha adquirido compromisos, como el de pagar compensaciones a la empresa constructora si la obra se detuviera o no fuera realizada.
Comprometer dinero público respecto de circunstancias que pueden quedar fuera del control gubernamental es un desempeño irresponsable. Es apostar mucho dinero a que un proyecto será llevado hasta su consumación. Podría no ser así. ¿Qué tal, por ejemplo, si el gobierno federal hubiera negado el permiso para modificar el uso del suelo en las áreas de su jurisdicción?(…)
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