Denuncia Sergio Espinal, secretario general michoacano de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE):
“Desde la SEP nos intentan imponer el examen de oposición para la asignación de plazas, procedimientos el cual el magisterio michoacano ha ganado el derecho de estar exento.” (MILENIO, 23/1/11)
Se busca, explica el dirigente magisterial, que el Congreso de Michoacán emita una ley estatal que “legalice” la Alianza por la Calidad de la Educación, vigente en la República, para que todos los maestros de educación básica concursen sus plazas y se ponga fin al sistema de ventas y herencia de las mismas.
Asombra hasta qué punto ha llegado a ser visto como derecho adquirido, en la cabeza de algunos líderes magisteriales, la más corrupta y antiprofesional de sus prácticas: vender y heredar plazas de maestros.
Curioso que la acusación del líder Espinal sea que la ley pretende “privatizar” la educación en el estado.
Se trata de una notable perversión de las nociones de lo público y lo privado. El líder, que no ve los intereses del sindicato y sus agremiados como intereses privados. Pero son ellos quienes han privatizado de hecho la educación en Michoacán al entronizar este negocio de vender y heredar privadamente, plazas que se pagan con dinero público.
Se han apropiado esas plazas y resisten ahora, desde sus trincheras de plazas privatizadas, la acción pública que pretende entregarlas a quien las merezca.
Los maestros michoacanos representan en este litigio un negocio privado que defiende sus usos y costumbres como “derechos adquiridos” contra la intervención pública.
Una vieja y triste historia.
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