Muchas de las razones de fondo que permitieron la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, más allá de la corrupción de las autoridades de los penales o de los esquemas de protección que éste había construido primero en Almoloya y luego en Puente Grande, son estructurales y tienen que ver con malos diseños y concepciones sobre cómo manejar la seguridad del Estado y se inscriben, muy probablemente, en uno de los mayores errores que cometió la administración de Fox al inicio de su régimen, errores que, de alguna manera, se han ido contagiando, aunque en forma diferente, al gobierno de Felipe Calderón.
Durante los últimos años de la administración de Zedillo se habían hecho avances muy importantes en términos de seguridad. Se consolidó el Cisen; fue creada, dependiente de Gobernación, la Subsecretaría de Seguridad; se fundaron el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Policía Federal; se comenzaron a centralizar los sistemas, la información, los mandos. Por primera vez en muchos años, desde la desaparición de la DFS y la DIPS, se volvía a tener un sistema de seguridad relativamente eficiente e integrado por una nueva generación de mandos que se habían formado lejos de aquellas instituciones tristemente célebres.
Pero, en la contienda electoral, como sucede muchas veces en nuestro país, las consignas se centraron en temas equivocados: pese a que en los hechos se vivía una profunda apertura política, en la campaña se presentaron esos nuevos sistemas de seguridad pública como parte de un esquema de represión, y se insistió en separar las áreas políticas de seguridad e incluso en desaparecer el Cisen y, con él, la única instancia de inteligencia civil que se había construido en décadas.
Ganó Fox y esas posiciones se impusieron. Durante la transición, esas posiciones incluso se agudizaron: se dijo que el tema del narcotráfico era un problema policial que no debía ser atendido por la Federación; se nombró a responsables del área que no llegaron, siquiera, a tomar posesión. Se generaron fuertes dudas en Estados Unidos sobre la capacidad del nuevo gobierno de poder atender el área.(…)
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