La Secretaría de Marina ha decidido ponerse del lado de los grupos armados que violan la ley y asesinan a inocentes en nuestro país. Su rechazo a las recomendaciones 72/2010 y 83/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es sólo una negativa a reconocer siquiera un error sino que manda un mensaje a la población en el sentido de que la Armada de México puede cometer con impunidad cualquier abuso o incluso asesinato en cumplimiento de sus órdenes en la guerra contra el narcotráfico.
Uno puede aceptar que haya errores por parte de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el crimen organizado. En los casos que citan estas recomendaciones de la CNDH, sin embargo, se trata de actos que resultaron en la muerte de dos personas inocentes.
Es difícil pensar que las víctimas hayan sido atrapadas en un fuego cruzado o que no hayan querido detenerse en un retén. Patricia Terroba, objeto de la recomendación 83/2010, fue acribillada con 60 disparos a una distancia de casi 200 metros de donde se llevaba un operativo de la Marina el 11 de diciembre. Ignacio Aguilar, sujeto de la recomendación 72/2010, fue agredido con 53 disparos que le quitaron la vida el 16 de diciembre.
Cuando la Armada rechaza las recomendaciones de la CNDH, las cuales señalan que "los elementos de la Marina incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron, en perjuicio de los agraviados, los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica", y cuando se niega incluso a proporcionar información sobre lo que ocurrió en esos casos, se está colocando en una situación de ilegalidad que no permite distinguirla de las organizaciones criminales que está combatiendo.(…)
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