Un inexplicable “presidente de la Comisión Jurisdiccional” (Jorge Abraham Ramírez) del Congreso de Chihuahua, al informar que ya empezó el juicio político contra los jueces que resolvieron liberar a un probable homicida, confesó con Carlos Puig… ¡no haber leído la sentencia que dio pie a este linchamiento!
El Tribunal de Casación (instancia superior a la de los inculpados) falló en 17 días (lo habitual son seis meses) en sentido contrario: el liberado es culpable.
Para echar abajo esta segunda sentencia, el presunto criminal (está prófugo) pudiera recurrir al amparo, o bien su abogado (de oficio), Joel Meneses Hernández, pero no lo ha hecho.
Los jueces bajo sospecha están impedidos para impugnar el fallo del Tribunal de Casación en el Poder Judicial.
Pero lo podrán desmantelar en el juicio político.
Y aunque todo parte de las consignas de los gobiernos local y federal, si la ganan en el Congreso, ¿los diputados montarán otro cadalso, éste contra los magistrados del Tribunal de Casación?
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