miércoles, 21 de julio de 2010

México en guerra


El Universal
Sección: Editorial
Género: Opinión
Publicación: 21 de julio de 2010.
Autor: Alejandro Gertz Manero
Web: http://www.eluniversal.com.mx

Frente a la guerra que el Presidente le declaró al narcotráfico al principio de su administración y que hoy nos mantiene inmersos en una violencia incontenible, muchos mexicanos se preguntan qué fue lo que sucedió durante más de tres años y medio y qué es lo que podemos esperar para el futuro en nuestro país en esta dinámica que comenzó con una lucha a muerte entre grupos delincuenciales para irse apoderando de todas las plazas urbanas del país, lo que provocó la intervención del gobierno con el Ejército al frente, para evitar que esta violencia se convirtiera en una anarquía ingobernable, pero también con un propósito inmediato de ganar legitimidad y popularidad sin pensar en lo que iba a significar este enfrentamiento carente de planeación a mediano y largo plazos.
 
Esa imprevisión ahora nos ha dejado con más de 24 mil muertos junto con el incremento permanente de todos los delitos del fuero común y federal —sobre todo el robo, la extorsión y el secuestro—, en una escalada en la que se han ido vulnerando ámbitos de la vida comunitaria que nunca antes se habían visto tan lastimados.
 
Esas consecuencias se multiplican a diario hasta llegar al asesinato de quien iba a ser el gobernador de Tamaulipas, el secuestro de un líder emblemático del PAN seguido de crímenes contra periodistas, políticos, dirigentes sociales y empresariales, para continuar con atentados terroristas con coches-bomba mientras la población común sufre los daños colaterales en estudiantes, familias inocentes y personas que tratan de ayudar a su comunidad y que son masacrados inmisericordemente, lo que nos da un panorama verdaderamente desolador y angustioso que el gobierno enfrenta mediante una publicidad cotidiana en la que muestra las detenciones de quienes señala como factores fundamentales del narcotráfico, sin que estas aprehensiones moderen o contengan la creciente brutalidad que afecta a todo el país.
 
Frente a esta situación, cada vez más grave, y para no asumir el costo político de una estrategia gubernamental fallida, el presidente Calderón se aferra e insiste en su proyecto como única opción válida, calificando las críticas y las disidencias como propuestas inadmisibles de rendición o inmovilidad, y por ello es indispensable analizar esa postura oficial frente a los reclamos de muchos sectores de la sociedad, ya que de ninguna manera se le puede proponer al Ejecutivo que abdique de su obligación primigenia de enfrentar el delito y al crimen organizado, pero lo que sí está a debate es la forma de hacerlo, y es ahí donde se encuentra la diferencia de criterios que parece irreconciliable para el poder público, pero que no debe ser así, ya que nadie en su sano juicio puede exigirle a la autoridad que incumpla con sus obligaciones para brindar seguridad y justicia enfrentando al delito, pero en cambio, lo que sí se le puede reclamar es que esa lucha esté bien planeada, se trabaje con eficiencia, sin brutalidad, corrupción ni excesos, y que los desmesurados aumentos en el gasto público en esa materia, efectivamente se apliquen con transparencia y honestidad y den los resultados comprometidos que no se ven por ninguna parte.
 
El diálogo propuesto no debe entenderse como una invitación a la pasividad, colusión o encubrimiento frente a los delincuentes, sino la forma de realizar con eficacia una tarea obligatoria del gobierno, sin un doble lenguaje y con el apoyo de una sociedad tan lastimada que merece y reclama que esta crisis no siga por el camino de más confrontaciones mediáticas, acusaciones y descalificaciones, que nada han ayudado para abrir una verdadera opción de comprensión frente al autoritarismo, al escándalo, a la manipulación mediática y a la escalada interminable de violencia y criminalidad.
 
No hay que olvidar también que los programas parciales y los parches legislativos que el gobierno ha propiciado no han dado resultado alguno, y en Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, Michoacán y en prácticamente todo el país, hay pruebas contundentes de ello, mientras la erosión en la imagen de las fuerzas armadas es otra prueba, a la que se agregan los crecientes números de la muerte, del secuestro, del delito del fuero común y de la violencia, que rayan en el terrorismo.
 
Ante esta situación, el diálogo es indispensable, reconociendo las detenciones logradas mediante la información de inteligencia obtenida de los extraditados y los testigos protegidos, más todos los esfuerzos positivos del Ejército y la Armada que han contenido en algún modo la anarquía, lo cual debe ser valorado e incorporado a un nuevo proyecto, pero también se tienen que reconocer con honestidad y decencia los errores, la corrupción y los resultados adversos, porque sólo así el gobierno y la sociedad podrán salir adelante. De otra forma, esta crisis seguirá agravándose y las pérdidas serán para casi todos mientras los pícaros y delincuentes seguirán triunfando y medrando.
 

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