Género: Opinión
Publicación: 14 de octubre de 2011
Autor: Oswaldo Rodríguez García
Hoy es difícil predecir qué sucederá con la justicia en el país, porque los vicios que enfrenta son enormes, incorregibles y peligrosos, ya alcanzado fibras sensibles de la sociedad y llegando a extremos que nunca imaginamos, y una raíz importante de este problema social se desencadena luego de la obstinación de Felipe Calderón por aplicarnos, a la fuerza, un Estado policiaco militar, cuya más reciente muestra es vulnerar derechos en su proyecto de Código de Procedimientos Penales… pero con esto, los primeros que emergen son indicios de un fenómeno siniestro y en muy poco tiempo se convertirá en un conflicto tan grande y poderoso como el narcotráfico: Los escuadrones de la muerte.
Para darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos enfrentando, podemos tomar el ejemplo de unos de los cuadros más aberrantes y trágicos que hemos visto en ésta corta historia de la lucha sin sentido que han emprendido contra el crimen organizado. 35 Cadáveres amontonados en la zona turística de Veracruz, y otros 14 esparcidos por el área aledaña, atribuyéndose la autoría de la masacre un grupo de corte paramilitar, es decir, no un grupo criminal antagónico en sí mismo, sino una fuerza, si no auspiciada, al menos tolerada por la autoridad.
Y el sello de desquiciamiento del sistema de justicia viene luego con las declaraciones de las autoridades veracruzanas, en el sentido de justificar la masacre porque eran delincuentes y que con ello se acabaron las extorsiones y se esclarecieron secuestros, palabras incomprensibles y absurdas emitidas por el gobernador de aquel estado y por su procurador, pero coincidiendo con lo dicho en un video distribuido en las redes de Internet el 24 de septiembre, cuatro días después de la aparición de los 49 cadáveres, en el que un grupo de cinco encapuchados se presenta como un escuadrón de la muerte denominado “Los Matazetas”.
En el video, los auto denominados matazetas, leen un comunicado dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la sociedad en general, para anunciar el combate al cártel de Los Zetas.
Se dicen orgullosamente mexicanos y hasta ofrecen disculpas por la violencia que generan y, aunque con cierta imprecisión, se atribuyen la matanza del 20 de septiembre, diciendo “Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre del todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad, los zetas, no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar”.
Incluso a niveles de gobierno ya tenemos antecedentes de este tipo de grupos que actúan como guardia blanca. El año pasado en Nuevo León, el alcalde de San Pedro, el panista Mauricio Fernández, creó un grupo paramilitar para “limpiar” el municipio, cuyos integrantes formaban parte del cártel de los Beltrán Leyva y, aunque tardíamente y sólo por la presión social, el gobierno de Felipe Calderón intervino para su desarticulación. Sin embargo el hecho es que existían y actuaban con toda la anuencia de las autoridades.
La justificación de quienes alcahuetean este tipo de acciones, es que, para combatir delincuencia organizada, se necesita estar en igual de circunstancias. Pero la realidad es que la conformación de escuadrones de la muerte para combatir a grupos criminales, con el auspicio y al menos el disimulo de la autoridad, sólo conduce a una barbarie que no tiene fin…
Los grupos paramilitares nunca han dejado estelas de progreso y seguridad pública, pues por el contrario, han generado poderes fácticos en algunas zonas del país que luego se creen con la autoridad moral para hacer justicia. Como sucedió en Chiapas y que fue debidamente documentado, que fueron paramilitares, auspiciados desde el Estado, los autores de la matanza de 45 indígenas en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, cuando Ernesto Zedillo era presidente de México y el secretario de Gobernación era Emilio Chuayffet, actual integrante de la Cámara de Diputados… Son paramilitares, también, los autores del asesinato de la periodista María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estado en donde hay que recordar, gobiernan los cárteles de la droga.
Sin duda alguna es preocupante la existencia de este tipo de grupos, pero resulta alarmante que ahora están surgiendo de la desintegración de cárteles, renaciendo como los Robin Hood´s de nuestros tiempos. Hay que recordar que desde hace más de año y medio, surgieron los cárteles La Resistencia y Jalisco Nueva Generación, luego de la detención, en octubre de 2009, de Óscar Nava Valencia, sobrino de Luis Valencia, cabeza del cártel del Milenio. A partir de ese hecho, el grupo que coordinaba El Lobo Valencia se dividió en dos, lo que dio origen a las agrupaciones arriba mencionadas, de las cuales la segunda se erigió como el nuevo brazo armado del cártel de Sinaloa, para terminar con Los Zetas en Veracruz. Con estos antecedentes no podemos admitir que se trata de un grupo justiciero y nacionalista.
Esta agrupación armada, con un claro perfil militar y policiaco, es el ejemplo más claro y evidencia tangible de la crisis del Estado mexicano en materia de seguridad, pues en la percepción del ciudadano está tomando el papel de persecución y justicia que las autoridades no han realizado.
La moraleja de este desequilibrio de la procuración e impartición de justicia es que no podemos buscar la tranquilidad y seguridad pública generando más violencia, por lo tanto, el estado no puede esperar que la seguridad se restablezca siendo simples espectadores de una “limpia” emprendida entre cárteles de la droga. Las repercusiones podrían ser a niveles de una guerra civil. Ataques a sedes institucionales, secuestros a grandes empresarios, atentados a candidatos y dirigentes políticos, bombas en centros comerciales o plazas públicas, porque estás son siempre parte de las amenazas que se filtran entre la sociedad si seguimos en la misma espiral de violencia desatada por la falta de firmeza, estrategia y voluntad del gobierno de Felipe Calderón, que en estos cinco años de gobierno se ha preocupado más por legitimarse mediante el uso del Ejército y en proteger a sus aliados ya corrompidos por el narcotráfico, que en el cuidado de la ciudadanía. Hoy es casi imposible distinguir quién es la autoridad que manda: ¿Los gobiernos o los cárteles del crimen organizado?
No hay comentarios:
Publicar un comentario