Cuando, con la esperanza de exhibir las debilidades de sus adversarios y remontar el marcador en las preferencias de los votantes potenciales, varios de los aspirantes a la Presidencia claman por debatir, el Instituto Federal Electoral determinó cerrar la puerta a esa posibilidad a todos los precandidatos a cualquier cargo.
En rigor, al IFE no le quedaba de otra, pues tuvo que acatar una inapelable resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La restricción, fundada en las alevosas reformas a la rencorosa ley electoral que acordó el Congreso federal en 2008 para imponer en México una partidocracia, vulnera a los medios, a los propios partidos y a los precandidatos, ya que podrán ser multados y los políticos, además, perder su registro.
Peor: la medida pone bozal a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Este nuevo atentado a garantías individuales y colectivas hay que facturarlo al Partido del Trabajo, que impugnó un debate PAN-PRD en Nayarit durante el proceso electoral reciente.
Para vergüenzas estos “demócratas”.
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