El Tuxtepecano (Veracruz)
Género: Nota Informativa
Publicación: 30 de septiembre de 2011
Autor: Redacción
Web: http://www.eltuxtepecano.com/
El dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno hace referencia a la reforma de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, con el propósito de incluir acciones que protejan de manera específica al grupo vulnerable que conforman las personas con discapacidad o que por el delito adquieran una discapacidad; iniciativa presentada por la Diputada Claudia Edith Anaya Mota (PRD), la cual constituye sin duda un importante adelanto en el camino para implementar de manera pertinente y eficaz el marco normativo vigente; y llevar a la práctica lo mandatado en los ordenamientos internacionales que garantizan la atención incluyente a todas las personas, sin distinción de edad, género, discapacidad, posición socioeconómica, entre otros.
En el mundo, más de mil millones de personas viven con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento, reporta la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
En el caso de México, según cifras del INEGI al año 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad se acercan a los 6 millones, representando 5.1% de la población total del país.
Este dato adquiere mayor relevancia para los Estados, en virtud de que la Organización Mundial de la Salud ha proyectado que en los próximos años la discapacidad aumente su prevalencia debido principalmente al envejecimiento de la población y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, los grupos vulnerables como es el caso de mujeres, niñas, niños e indígenas; así también al aumento mundial de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y los trastornos de la salud mental.
No es desconocido que en México existe un porcentaje significativo de la población con discapacidad que es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos. Como reconoce el Programa Nacional para el Desarrollo de Personas con Discapacidad (PRONADDIS), en la mayoría de los casos este grupo de la población tiene limitaciones para acceder, en igualdad de condiciones, a la educación, al empleo, la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a la información, entre otros.
Tampoco es desconocido que los protocolos de administración de justicia suelen ser un mecanismo más de revictimización de aquellas personas que han sufrido de abuso sexual, violencia y explotación como resultado del delito de la trata de personas.
Las personas con discapacidad, como lo señala el presente dictamen, se ubican en un doble estado de indefensión: por su situación de víctima y por la discapacidad que limita o imposibilita su capacidad para hacer frente a estos ilícitos. En este sentido resulta primordial la reforma al marco jurídico vigente; materializado en la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que a la fecha no contempla la atención a las personas con discapacidad, lo que violenta los acuerdos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, signados por México.
Con esta reforma que hoy se analiza, se abre un nuevo camino que favorece la denuncia de estas agresiones, facilitando la actuación judicial, así como los tratamientos médicos y psicológicos necesarios.
Asimismo, coadyuva en la construcción de relaciones más sensibles y respetuosas entre las autoridades y las víctimas de este delito, hecho que reviste gran valor, en virtud de que permite identificar las necesidades de las víctimas que tienen alguna discapacidad o adquieren una discapacidad, la forma de proceder ante ellas, y subsanar la carencia que se registra en esta Ley.
Tomar en cuenta estas necesidades, así como el principio de evitar la doble victimización reviste un enorme avance en la ruta crítica del proceso penal, independientemente de lo difícil que les pueda resultar.
El Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano considera que la aprobación del presente dictamen se inscribe en esa lógica: pues es sensible a las necesidades de las personas con discapacidad que son víctimas de abuso sexual, violencia o explotación de cualquier índole como resultado del delito de trata de personas.
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano emitirá su voto para respaldar el sentido a favor del presente dictamen.
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