+ Evitarlo, obligación del Estado
El saldo final de la votación en la Corte Suprema ante la reforma constitucional de Baja California para tutelar el “derecho a la vida” y “desde el momento en que un individuo es concebido” no dejó ganadores ni perdedores. Al final, el Estado tiene ahora la obligación de proteger jurídicamente la viabilidad del ser indefenso concebido.
El debate entró, como era obvio, en una fase de politización. Pero en realidad, la discusión tenía sólo dos puntos concretos:
1.- Determinar los límites de las constituciones locales frente a la federal como para incluir en la local algo que no está contenida en la federal.
2.- Declarar constitucional o inconstitucional la inclusión del “derecho a la vida” en una constitución local y el criterio de la vida desde la concepción, cuando no están contenidos en la Constitución federal.
En ambos casos la falacia radicó en el principio constitucional de que la Constitución debe establecer directamente qué se puede hacer y qué no. En derecho, lo que no está prohibido sí está permitido. Y la pimienta al debate la agregó el presidente Calderón la noche del lunes cuando decidió retirar lo que se llama declaración interpretativa al artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica en el tema congelado del “derecho a que se respete su vida” y a proteger ese derecho “a partir del momento de la concepción” y con ello sumarla a la Constitución como tratado internacional. Ahí Calderón dejó a la Corte sin litis.
La Corte ya había considerado, en el debate del caso Radilla, que las sentencias derivadas de esa Convención tenían en México fuerza de ley obligatoria, al grado de que la mayoría de ministros de la Corte Suprema mexicana se apoyó en la declaración constitucional sobre los tratados internacionales para modificar el fuero militar, aunque se horadara el escudo de seguridad nacional de la república; en los debates del caso Radilla, los ministros fueron claros en la obligatoriedad de cumplir con la Convención. Al anunciar Calderón que se asumía el artículo 4, los ministros que votaron contra la constitución bajacaliforniana estaban poniendo en entredicho el artículo constitucional que señala la obligatoriedad de los tratados internacionales.(…)
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