miércoles, 28 de septiembre de 2011

Julio Hernández López. Astillero [Mujer y abogada ]


  • Cruzada electoral
  • Treinta años después
  • Hueco de Peña Nieto


Necesitado de algo parecido a una bandera, el panismo calderonista se ha asido, sin cuidar mucho la figura, al tema del aborto que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discute fatigosamente. Combatientes francos, el poseedor precario de la banda presidencial y su abogada esposa han saltado al campo de batalla para mostrarse solidarios con las decisiones que en ciertos estados de la República han establecido en sus constituciones locales una normatividad que declara defendible la vida humana desde el momento de la concepción y no del nacimiento.

El tácticamente persignado Felipe lo ha hecho de una manera sesgada y evidentemente oportunista, solicitando al Senado que sea retirada una declaración interpretativa que otra administración federal (priísta) había elaborado respecto a un artículo sobre derecho a la vida, el 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A pesar de que la mencionada declaración interpretativa fue hecha el 24 de marzo de 1981, no encontró el Cruzado de Los Pinos mejor momento para entrar en revisiones que tres décadas después, justo cuando ministros de la Corte van resolviendo las impugnaciones a lo legislado en Baja California (y luego atenderán lo relacionado a San Luis Potosí) como parte de una oleada conservadora que desde algunas entidades federativas pretende revertir los avances logrados en la ciudad de México.

La señora Margarita, por su parte, aprovechó el foro de la inauguración de unos juegos nacionales deportivos sobre sillas de ruedas, en la capital de San Luis Potosí, para sumarse como mujer y abogada a la presión contra los ministros de la Corte. La licenciada en derecho preparó una alocución formal que puede verse en bit.ly/orKfG6 y en la que asentó: 

¿Puede convivir o podría coexistir el derecho a la vida con el derecho de las mujeres? Yo creo que sí, que los derechos de las mujeres no deben ser utilizados para anular otros derechos y estas reformas obligan a proteger, esto en todo caso, a ambos derechos, a todos los derechos. El Estado debe reconocer los derechos humanos y no uno sobre otros como el propio proyecto, me parece que establece, en contra del derecho a la vida. 

También sentenció: en un federalismo bien entendido los derechos pueden ser ampliados por los estados, es el caso, es decir, el derecho a la vida del concebido en las constituciones locales no excluye a los demás derechos. En términos federa- listas se trata de una ampliación del derecho que no se contrapone con un precepto de la Constitución federal.(…)

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