Medio millar de diputados locales suponen, o se les hace decir, que las resoluciones de las legislaturas estatales a que pertenecen son definitivas e irrevocables. Ayer demandaron de la Suprema Corte "pleno respeto a la libertad de configuración legislativa" que dicen haber practicado al incorporar "a nuestras constituciones locales el derecho a la vida de todo ser humano desde su inicio en la concepción y fecundación".
Es seguro que los 468 legisladores estatales de todos los partidos que firman este llamado al máximo tribunal de la República saben que en último término la validez de sus actos está sujeta al control constitucional, susceptible de ser ejercido por varios medios y órganos del Poder Judicial federal. Y sin embargo, blandiendo una presunta obediencia a la voluntad popular, se sumaron a las presiones sobre la Corte, que ayer comenzó a resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuyo resultado puede ser la supresión de declaraciones sobre la vida incorporadas a constituciones estatales.
Se comprende, y es usual que cuando está a debate judicial un asunto de trascendencia se expresen opiniones en pro y en contra, y hasta se perciban tomas de posición organizadas en favor de una u otra posible resolución del pleno. Pero la campaña propagandística que a últimas fechas se ha sostenido para inclinar la voluntad de la Corte a favor de textos que plasmaron convicciones morales surgidas de una doctrina religiosa, y no principios jurídicos, como es propio de una República laica, ha sido particularmente insistente y pesada, en el sentido de que la suscriben personas e instituciones de gran relieve en la vida social mexicana.
Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Mexicana, y la arquidiócesis de México emitieron un mensaje titulado "La vida, don precioso que debemos proteger", y sumaron a él la firma de prelados de confesiones religiosas cristianas distintas de la católica. (…)
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