La Suprema Corte perdió ayer ante una minoría de sus ministros un alegato fundamental por los derechos de la vida privada.
Se juzgaba la inconstitucionalidad del artículo reformado de la constitución de Baja California que otorga el derecho a la vida “desde la concepción”, lo que quiere decir que toda interrupción voluntaria del embarazo puede ser considerada un homicidio.
Si los ministros de la Suprema Corte resumen el saber y el sentir jurídico del país, podemos decir que la mayoría jurídica de los mexicanos cree que el precepto que garantiza la vida “desde la concepción” debe derogarse: siete ministros votaron a favor de esto, cuatro votaron en contra.
Según esa mayoría de siete ministros contra cuatro, el código fundamental de Baja California, y el de otros 18 estados que han reformado su constitución en ese sentido, debería regresar a la más juiciosa formulación de que los ciudadanos tienen el genérico derecho a la vida, sin entrar al tema endemoniado de en qué momento del embarazo empieza a existir la persona que ampara la Constitución.
Me gustaría saber qué piensan a este respecto las mayorías y las minorías efectivas del país, cuántos mexicanos creen realmente que toda interrupción voluntaria de un embarazo debe ser considerado un homicidio, y cuántos de esos creen que una mujer que aborta voluntariamente debe ser tratada como una homicida.
Me gustaría saber también qué harán los gobiernos que asumen la interrupción del embarazo como un acto equiparable al homicidio, con cosas como la píldora del día siguiente que interrumpe voluntariamente posibles embarazos.(…)
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