Fausto Salazar Gómez era director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del ayuntamiento de Hermosillo y, como tal, firmó el contrato de arrendamiento de la bodega donde (5 de junio de 2009) comenzó el incendio que provocó la tragedia en la guardería ABC.
Como se recordará, el fuego llegó a la estancia por encima del techo, derritió el plafón y, como lluvia repentina de lumbre, cayó y causó la muerte de medio centenar de niñas y niños, y lesiones (en distinto grado) a 76 más.
Dos años y casi tres meses después, la PGR y un juez federal decidieron procesar a este ex funcionario municipal por ¡homicidio!, por haber firmado ese contrato y “permitir” o “tolerar” el uso de la bodega para un fin distinto al que motivó su arrendamiento (además de placas vehiculares, almacenaba papel y otros objetos).
¡Ah, chingá!
La PGR y el juez no pueden ignorar que la causa de las muertes y lesiones nada tuvo que ver con la firma del contrato, como tampoco el hecho de que en la bodega hubiera más cosas que tan sólo placas.
¿O sí…?
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