Anoche se cumplieron dos años de que miembros del Ejército y de la Policía Federal penetraron por asalto a las oficinas e instalaciones del organismo público descentralizado Luz y Fuerza. Lo hicieron antes de que fuera impreso el Diario Oficial de la Federación donde insólitamente (la madrugada de un domingo) apareció un decreto presidencial, el que dio por terminadas las funciones de la antigua compañía eléctrica. Se trató, por consiguiente de una acción ilegal, del robo y despojo de una gran cantidad de bienes que pertenecían a una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El principal escenario de la ocupación policiaca ocurrió, ocurre todavía, en la sede de la dirección de LyF. Se trata del colosal edificio levantado por Mexican Light and Power, el consorcio canadiense cuyas operaciones fueron realizadas a partir de entonces por el gobierno mexicano. Como corresponde a una acción violenta realizada con propósitos de rapiña, el inmueble quedó, en calidad de botín, en manos de la Policía Federal. La corporación lo ha usado como cuartel durante estos dos años, por la vía de los hechos.
Pero como vivimos en un Estado de derecho donde ninguna violación a la ley es admisible, aquella situación digamos que irregular va a adquirir su verdadera dimensión de servicio público cuando la SSP disponga que su fuerza policiaca allí acantonada se vaya a otra parte y se instale en su lugar, en cambio, el personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como el órgano administrativo de prevención y readaptación social.
La SSP pagará 861 millones de pesos en la adquisición y adaptación del edificio. Los recursos para el traslado de dominio servirán para cubrir gastos y costos pendientes por la extinción de la empresa, que a dos años de su realización es un enorme fracaso, digamos que semejante, aunque con una dimensión y unas consecuencias mayores que las de la Estela de Luz, que debe ser dedicada ya no a la recordación patriótica para la que fue planeada, sino a tener presente la impudicia y abuso con que pueden ejecutarse obras públicas. (…)
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