La Jornada Aguascalientes
Género: Opinión
Publicación: 7 de octubre de 2011
Autor: Oswaldo Rodríguez García
Blaise Pascal escribió que “la justicia sin fuerza es impotente, pero la fuerza sin justicia es tiránica”. Hoy nuestro país cruza por la crisis de justicia más grande de toda la historia, la incidencia de delitos se ha multiplicado a niveles excesivos e irrevertibles, y la procuración de justicia es irrelevante, ante un sistema impartidor de justicia incapaz y un método de reinserción social de los delincuentes que hace siglos dejo de funcionar.
Se ha hecho común que ante la imposibilidad de resolver de raíz la problemática de inseguridad que vivimos, la última decisión que se toma es la de aumentar penas a niveles hasta ridículos. Esto solo ha generado cárceles sobre pobladas, nulos resultados en materia de reeducación y más criminales en las calles y mucho más preparados.
Y no es solo algo que se viva en Aguascalientes, esto es nacional, ya que el sistema penitenciario mexicano en general manifiesta una crisis jurídica, social y económica, que redunda notablemente en el tema de seguridad, incluso es una bomba de tiempo que ya está comenzando a explotar en algunas partes del país. Los motines serán cada vez más recurrentes, las fugas por la corrupción que impera dentro son frecuentes y las mafias internas que rigen los centros penitenciarios se han convertido en indestructibles.
Es un problema estructural del Estado mexicano, debido a que el actual modelo ha fallado en los principios básicos de la reinserción social como son la prevención del delito, las medidas restaurativas del daño, la presunción de inocencia, la reducción de la prisión preventiva y la disminución de las penas carcelarias. Es un conjunto de conceptos y acciones que se dejaron de lado al fabricar una forma de sanción. Los delitos se siguieron cometiendo y la única solución fue esa, llenar las cárceles ante la total falta de planeación de lo que ahí dentro se desencadenaría.
Necesitamos enfocarnos en que la falta de infraestructura penitenciaria así como el alto costo de manutención de reos, amenaza con colapsar la administración del sistema penitenciario, pues además ya hemos caído en la reclusión indiscriminada de reos del fuero común con aquéllos del fuero federal, obligando a una insana convivencia de quienes se encuentran en proceso con los que ya purgan una condena, propiciando un nuevo fenómeno de delincuencia organizada, sin embargo después de la cárcel, en México ya no hay más castigo, es decir que a los delincuentes ya los tenemos en las cárceles y siguen ocasionando inseguridad en las calles.
Es urgente dejar atrás la visión retrógrada de sólo administrar la justicia en los penales para evitar conflictos de carácter político y social, la reforma al sistema penitenciario debe ser el resultado de un análisis objetivo respecto de la población, infraestructura instalada, tratamientos, ejecución de la pena y reinserción social. Ya no soporta el sistema 10 años de estas condiciones, incluso el tiempo de vida útil de las cárceles podría reducirse considerablemente, pues los congresos locales siguen ensanchando penas como medida para contrarrestar la inseguridad, sin que ello de hasta el momento resultados.
Aunque es un tema poco mencionado o algunas veces ignorado en los planes de gobierno actuales o en los que pretenden llegar, la realidad es que el sistema penitenciario representa el gran reto de gobernabilidad del nuevo siglo, es sin duda el problema más grande que tendrán que enfrentar en la próxima década, el más complejo, el más incosteable y el más peligroso de todos.
Y como dicen por ahí, los excesos siempre son malos y en ese es uno de los principales problemas. El uso excesivo de la prisión preventiva en México ha provocado el hacinamiento y la sobrepoblación del sistema penitenciario: más de 40,000 reos, que representan un 22% por encima de su capacidad. Es absurdo pensar que el Estado mexicano tiene que costear semejante población que aparte de todo, pudiera ser inocente, pues están en el limbo de la justicia mexicana.
En México, casi 223,000 reos están recluidos en 429 penales a cargo de autoridades de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con datos del último informe del Sistema Penitenciario Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP). De ellos, 296 penales tienen un problema de sobrepoblación y, de éstos, 148 son Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOs), según los reportes oficiales. Todo este mundo de ciudadanos presos son con cargo al erario, costándonos a los mexicanos en promedio 200 pesos diarios cada uno, ¿Cómo pretenden entonces seguir llenando cárceles, si estamos a punto de colapsar económicamente? Es a todas luces ya incosteable, injusto y absurdo.
¿Pero a quiénes estamos manteniendo? sólo cerca del 58% tiene sentencias, es decir que la mitad ni siquiera sabemos si deberían de estar ahí y algunos de ellos tienen dentro hasta 3 años.
Cada año, más del 40% de las personas señaladas como “probables responsables” por el Ministerio Público son encarceladas en México y más de 50,000 imputados quedan en libertad al no comprobarse su responsabilidad en un delito, pero mientras eso ocurre, los presupuestos estatales y federales tiene que cumplir con esos compromisos, recursos millonarios que en nada repercuten con el desarrollo de las entidades o del país, pues son impuestos que jamás regresaran en un bien o servicio para la sociedad.
Además ya no se cumple el mandato constitucional de separar a presos comunes y presos de delincuencia organizada. No tenemos en realidad un sistema penitenciario federal, las prisiones estatales hacen funciones de federales y se mezclan todos, lo que está generando generaciones completas de sicarios, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, cuando habían ingresado por robar comida o atropellar a alguien.
Ya el sistema penitenciario ha alcanzado niveles críticos de crisis. No puede esperar más por una reforma contundente, no se puede permitir más llenar indiscriminadamente las cárceles del país, requiere urgente de prevención del delito, resarcir el daño de manera efectiva y reinsertar ciudadanos que hayan pasado por un proceso de sanción y corrección de sus actos. Hoy la industria penal se ha convertido en una fábrica de delincuentes, pagados por nosotros, pues nos hemos convertido en accionistas capitalistas mayoritarios de un cruel futuro delincuencial.
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