lunes, 19 de septiembre de 2011

Carlos Ramírez. Indicador Político [Sociedad indignada y apática]



+ Protesta…, pero no colabora

Justo cuando la crisis de seguridad se ha focalizado en unos cuantos lugares y las noticias de inseguridad involucran a la clase política, la sociedad ve el tamaño del problema pero sigue permaneciendo ajena: se indigna pero no participa:

1.- El rector de la UNAM, José Narro Robles, quiere obligar al gobierno federal que adopte la estrategia de seguridad diseñada por el ex procurador salinista Jorge Carpizo Mac Gregor pero mantiene los compromisos políticos con el sindicato en materia de seguridad en los territorios universitarios y ahí el narco ha sentado sus reales. La semana pasada Alejandro Martí, presidente de la fundación Sistema para la Observación Ciudadana (SOS), afirmó que el rector unamita debería ser más cuidadoso con el personal académico porque aparece vinculado la máxima casa de estudios el ex juez Carlos Rayo Mares, abogado de los secuestradores de la banda de Los Petriciolet que raptó y asesinó a Fernando Martí.

2.- En su gira pregonando el evangelio cristiano de la fe y convirtiendo las calles en púlpitos religiosos, Javier Sicilia sufrió una tensión el sábado en la noche cuando la policía federal que lo cuida detectó un intento de atentado; durante quince minutos, a la orilla de la carretera, los policías federales tan vilipendiados en sus discursos hicieron un escudo humano para proteger la vida del catequista. Sicilia confesaría después el miedo que sintió; pero él tuvo la suerte de estar protegido. 

El mensaje quedó claro: los malos son los delincuentes a los que Sicilia y sus sacerdotes dominicos no critican ni condenan y que la defensa de la sociedad está en manos de la policía federal, del ejército y la marina. ¿Es la salida entonces la demanda de Sicilia de decretar la paz y dejarles el país a las bandas criminales?

3.- En varios municipios de Nuevo León decenas de policías fueron arraigados por evidencias de que colaboraban con los cárteles de la droga y la seguridad fue trasladada a la policía federal y al ejército. Asimismo, el caso de seguridad del alcalde de Monterrey se politizó para mantener la inmovilidad, pero sin profundizar las indagaciones sobre la operación del crimen organizado en municipios del estado. La política se ha convertido en blindaje para funcionarios y gobernantes que no han podido garantizar la seguridad de sus gobernados.(…)

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