El domingo el PRI en San Lázaro, en un ejercicio profundo de inteligencia y sensibilidad, envió un comunicado reiterando el proyecto de castigar con multa y cárcel a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o servidores públicos. La pena será de 200 a 300 días de salario mínimo y prisión de dos a nueve años de cárcel.
El dictamen aprobado por una jubilosa mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados sería presentado el martes al pleno.
Su autor es el diputado jalisciense Arturo Zamora, quien como candidato al gobierno de Jalisco, hace cinco años, sufrió el embate de una calumnia publicada en la primera plana del diario Reforma, sobre supuestas relaciones con el crimen organizado, que dos años y 18 sentencias favorables después serían desestimadas, pero ya había perdido la elección en la que llevaba ventaja ante el panista Emilio González, que a la postre se benefició del infundio, convirtiéndose en el gobernador y ahora precandidato del PAN.
Zamora elaboró y promovió su iniciativa que abierta y amenazadoramente limita la libertad de expresión al castigar con cárcel lo que cualquier político o funcionario considerara como injuria o difamación, es decir, toda crítica que no les favoreciera.
Debo leer este dictamen como una respuesta de la clase política, en particular de los legisladores, quienes se dicen víctimas de una campaña canalla, la califica el prócer Fernández Noroña, contra el Poder Legislativo cuando ellos, diputados y senadores, son sus peores enemigos.
En fin, que en un acto de sensibilidad, el diputado Zamora retiró el proyecto de reforma, anotado para discutir y aprobarse en el pleno de San Lázaro.
Pero ya volverán.
Ahí están los consejeros censores del IFE, amenazando con castigar a medios y periodistas por hacer una pregunta.(…)
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