EL ESTADO Y LA SOCIEDAD DEBEN SER CORRESPONSABLES EN
EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
· Intervino durante la clausura de la semana de Protección Civil en Veracruz
· Se debe aprobar a la brevedad la nueva Ley General en el tema
“En un contexto de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, es necesario diseñar e implementar una política de fortalecimiento de la cultura de protección civil, mediante la cual la población no sólo tome conciencia de los riesgos a los que se halla expuesta, sino ante todo, de acciones preventivas y de organización que deben adoptarse dependiendo de la localidad en la que se encuentren y el tipo e intensidad del fenómeno natural del que se trate”.
Así lo precisó el secretario técnico de la Comisión de Protección Civil, licenciado Juan Carlos Romero Quintero, durante su ponencia “Alcances de la Nueva Ley General de Protección Civil”; en el marco de la clausura de la semana nacional dedicada al tema y que tuvo como sede el estado de Veracruz.
Durante su intervención, Juan Carlos Romero, quien asistió en representación del senador de Movimiento Ciudadano Francisco Alcibíades García Lizardi, presidente de la comisión en la materia en el Senado de la República, manifestó que una de las más delicadas funciones y responsabilidades del Estado, consiste en establecer y operar instituciones y formas de organización sociales que permitan hacer frente a los agentes productores de desastres, sean estos de origen natural o humano, que constantemente amagan la seguridad, la vida, la salud y los bienes de la población.
Explicó que la protección civil debe entenderse como un proceso continuo y permanente, en constante actualización surgida de la necesaria y sistemática atención a las manifestaciones de la naturaleza y a sus efectos, a los cambios sociales y a todos aquellos factores que pueden ser fuente de desastres.
Después de referir algunas de las contingencias, tanto naturales como humanas, que incrementan los niveles de riesgo para la población, el licenciado Romero Quintero enfatizó que son estas circunstancias lo que exigen no sólo buenos programas operativos para atender a las personas afectadas por un desastre, sino también medidas de prevención que permitan adoptar formas de organización eficaces para las comunidades.
“La protección civil no debe circunscribirse al conteo de las víctimas y a la cuantificación de los daños causados por los diferentes fenómenos que provocan los desastres”, subrayó.
Precisó la urgencia de contar con una nueva legislación en la materia y recordó que las comisiones de Protección Civil en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados trabajan conjuntamente desde hace meses para impulsar una estrategia a fin de aprobar a la brevedad la nueva Ley General de Protección Civil, actualmente en proceso de dictamen. Esta Ley abroga la actual e incorpora todas las iniciativas sobre la materia presentadas hasta la fecha por diputados y senadores de diferentes partidos.
El secretario técnico de la Comisión de Protección Civil enumeró algunas de las propuestas más destacadas, contenidas en la iniciativa:
· Establecer la responsabilidad de los gobiernos estatales de contratar seguros contra desastres naturales. El Sistema Nacional de Protección Civil tendrá la obligación de apoyar en la selección y compra del modelo y tipo de seguro que cada estado o municipio debe adquirir. De acuerdo con datos de especialistas, menos del cinco por ciento de los municipios del país tienen contratado un seguro contra desastres naturales, pese a que en el mercado nacional hay aseguradoras que sí cuentan con este tipo de productos, lo que significa que la demanda no es muy significativa.
· Se propone disminuir de 12 a 5 días naturales, la obligación de la autoridad competente para publicar la Declaratoria de Emergencia en el Diario Oficial de la Federación; y se disminuye de 30 a 10 días naturales, el plazo para que los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal tengan acceso a los recursos para la atención de desastres, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia.
· Se plantea la creación del Comité Nacional de Emergencias, como mecanismo de coordinación de las acciones en situaciones de emergencia y desastre. Estará constituido por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y estará presidido por el Secretario de Gobernación. Este Comité podrá convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta.
· Se propone una especial atención a la Población Rural estableciendo una estrategia general de protección civil, recursos y programas ya existentes en el Gobierno Federal, a través de la SAGARPA, para atender de manera prioritaria a los campesinos, pequeños productores agropecuarios, silvícolas y piscícolas que resultan particularmente afectados ante las contingencias climatológicas y los desastres naturales.
· Se incorporan la obligación en el pago de indemnizaciones que pudieran ser reclamadas en caso de afectaciones graves por errores, comisiones, indolencia u omisiones de servidores públicos que causen perjuicios imputables a su responsabilidad. Por otro lado, y en lo que toca a las posibles infracciones en que pudiesen incurrir otros actores dentro del Sistema, pero de origen social o privado, se propone un marco de sanciones de tipo administrativo, como multas o la propia revocación de su registro oficial como integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.
· Elaborar los respectivos atlas de riesgos, mismos que deberán contener, mapas de zonas de alto riesgo, principalmente para viviendas.
· Se propone la tipificación como delito grave a quienes promuevan la instalación de asentamientos humanos en áreas que hayan sido determinadas como zonas de riesgo. Asimismo, a los servidores públicos que autoricen dichos asentamientos, sabiendo su situación de riesgo.
· Se establece la implementación de la cultura de protección civil, incorporando contenidos temáticos en este rubro para los programas de educación de todos los niveles, públicos y privados.
“Estamos en la ruta de contar con un nuevo marco legal en materia de protección civil de vanguardia, moderno y acorde a los nuevos tiempos en los que la sociedad exige una mayor eficacia de las instituciones del Estado para prevenir y, en su caso hacer frente a las contingencias provocadas por fenómenos naturales perturbadores o por la actividad humana” concluyó el licenciado Juan Carlos Romero.
Estuvieron presentes en el evento la Lic. Carolina Gudiño Corro, Presidenta Municipal de Veracruz; la Lic. Noemí Guzmán Lagunes, Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz; así como la directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Hill Mayoral quien también participó como ponente en el evento.
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