El pleno de la Suprema Corte discutirá hoy el proyecto de sentencia del ministro José Fernando Franco González-Salas contra las reformas de 2009 a las constitucioncitas de Baja California y San Luis Potosí, que condenan a las mujeres, aun contra su voluntad, a ser madres.
Con la alcahuetería de los diputados locales del PRI, 18 estados (entre éstos SLP) han intentado impedir que prospere, como en el pionero DF, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Y no es casual que haya sido en el bajacaliforniano coto del PAN donde, hace 11 años, prosperó el ominoso Caso Paulina, el de la adolescente de 13 años que fue violada en Mexicali y quedó embarazada: pese a lo oportuno de su denuncia y el derecho que le asistía, dos meses y medio más tarde un maniobrero director del Hospital General hizo que viera grotescas imágenes de las que Pro Vida usa para aterrorizar a mujeres y que minutos antes de la intervención programada, luego de que un cura y varios médicos la convencieran del “riesgo” (amenaza velada) de que podía resultar muerta, terminó por desistir de abortar.
La resolución a que llegue la Suprema Corte respecto de las reformas en Baja California y San Luis Potosí será de la mayor trascendencia, pues tendrá validez en toda la República.
Fue Juan Pablo II quien, en su visita de 1999 a México, lanzó en el estadio Azteca la consigna: “¡Que ningún mexicano se atreva a vulnerar el don precioso y sagrado de la vida en el vientre materno!”. Esta declaración y sus repercusiones influyeron en la Asamblea Legislativa del DF, cuyas fracciones partidistas decidieron congelar la despenalización que comenzaba a incubarse.
En agosto de 2000 Rosario Robles, aún entonces jefa de Gobierno, convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para reformar el Código Penal en materia de aborto. (…)
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