Hace poco más de dos años, el Servicio de Administración Tributaria informó que las aduanas de la frontera norte quedaban de plano “bajo control militar”, luego de que mil 100 policías fiscales fueran removidos porque se descubrió una obviedad: casi todos estaban involucrados con el crimen organizado.
La militarización de las aduanas, cabía suponer, implicaba que habría por fin una revisión mucho más estricta en los cruces de la línea divisoria (que va de Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas, en el Golfo de México, a San Diego, California, y Tijuana, Baja California, en el océano Pacífico): la frontera con el mayor número de cruces legales en el mundo (más de 50 millones de cruces peatonales) e ilegales (12 millones al año, aproximadamente).
Se anunció que en Ciudad Juárez, por ejemplo, 150 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron las instalaciones en los cruces internacionales y en las garitas del kilómetro 77 de la carretera Panamericana.
¿Centenar y medio de militares para disminuir o erradicar el contrabando de todo tipo de productos “prohibidos”, en especial de armas, cuando por ese entonces el número de muertos de las narcoguerras era de alrededor de 13 mil?
Pues, ¿cuántos para cubrir el resto de más de medio centenar de puntos formales de cruce a lo largo de los tres mil 185 kilómetros de frontera?.(…)
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