martes, 20 de septiembre de 2011

Firme rechazo de Movimiento Ciudadano a la iniciativa del gobernador de Veracruz


ARMANDO MÉNDEZ DE LA LUZ: LA “LEY DUARTE”, UNA
AMENAZA PARA LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
 
  • Equiparable con el delito de “disolución social” del diazordacismo
 
La coordinación nacional de Movimiento Ciudadano, legisladores federales y locales, expresaron su rechazo a la llamada “Ley Duarte” que, promovida por el gobernador del de Veracruz, Javier Duarte, atenta contra la libertad de expresión y trata de tipificar como delito presuntas afirmaciones falsas que causen “perturbación del orden público”.
 
Como es del conocimiento público, esta iniciativa deriva de la intención del gobierno de Veracruz de sancionar y limitar la libertad de expresión de los usuarios del twitter, moderna y eficaz herramienta de comunicación por internet.
 
En Xalapa, Veracruz, durante la sesión de la Legislatura local, el diputado Armando Méndez de la Luz fue hoy el primer legislador de Movimiento Ciudadano, con un voto fundamentado en contra, en oponerse a esta propuesta fascistoide que equiparó con el tristemente célebre delito de “disolución social”, vigente durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y usado como arma represora en contra del movimiento de 1968.
 
Esta reforma al Código Penal del estado de Veracruz, recordó Armando Méndez de la Luz, nos remite al delito de “Disolución Social”, tipificado en el artículo 145 del Código Penal mexicano y que “fue utilizado para tipificar derechos como delitos”.
 
Aquel artículo del Código Penal, recordó el diputado local de Movimiento Ciudadano en Veracruz, fue impulsado por el presidente Manuel Ávila Camacho para preparar al pueblo de México ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente amenaza nazi-fascista en nuestro país.
 
Pero acabada la Segunda Guerra Mundial, agregó, el delito de disolución otorgó a los funcionarios la capacidad de perseguir y juzgar los delitos con total discrecionalidad y poder sancionar conductas que son legales en cualquier sociedad. Con ello, en las décadas posteriores se echó mano de esa acusación para perseguir a la población por realizar actos pacíficos de resistencia civil o manifestaciones públicas en defensa de sus derechos sociales y colectivos.
 
Señaló Armando Méndez de la Luz que la libertad de expresión no puede ser limitada, aunque afirmó que se debe evitar que se abuse de ella para atentar contra valores sociales fundamentales.
 
Añadió que con la tipificación de ese delito, desde la segunda mitad de la década de los 50’s el gobierno federal se dio a la tarea de combatir a los movimientos de médicos, electricistas, petroleros, telegrafistas, maestros, y a los protagonistas de la gran huelga ferrocarrilera de 1958-59, cuyos principales dirigentes, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, fueron encarcelados y sentenciados, acusados del delito de disolución social.
 
Finalmente, Méndez de la Luz advirtió: “el terreno que se pisa cuando se deja al arbitrio de la autoridad la interpretación de cuestiones subjetivas, como alterar el orden, perturbar la paz pública o causar alarma, entraña peligros reales para las libertades democráticas”.
 
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LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL

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