Tras el atentado al casino Royale de Monterrey que dejó 52 muertos, se empezó a documentar la corrupción que existe en torno al funcionamiento de los casinos. De los 300 autorizados por la Secretaría de Gobernación en el país, 60 están en la zona conurbada de la capital de Nuevo León y 31 en aquel municipio.
La podredumbre viene desde la operación, corrupción y desorganización que ha privado en la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, al punto que uno de sus ex titulares, Roberto Correa Méndez, está bajo investigación en la SIEDO.
Esa descomposición alcanzó al presidente municipal de Monterrey, Fernando Larrazabal (PAN), a quien le apareció un hermano incómodo, Jonás, videograbado en otro casino, el Red, propiedad de Sergio Gil, recibiendo diferentes cantidades de dinero que el diario El Norte calculó en 400 mil pesos para mantener abierta esa casa de juego.
El martes pasado, el CEN del PAN emitió un comunicado solicitando a Larrazabal que pidiera licencia y exigiéndoselo al gobernador priista Rodrigo Medina, quien les dijo que ni hablar, lo que era previsible.
Lo que no lo era, es que Larrazabal bateara a la dirigencia de su partido y se mantuviera en el cargo exigiendo que el mismo CEN del PAN, que de hecho lo desconoció, lo escuche en su sesión de mañana.
Ayer, Larrazabal me decía que su hermano es buey y medio, y que es su brazo gangrenado, que ya se cortó para él poder sobrevivir.
El hecho es que ante el alud de evidencias de autoridades a los tres niveles de gobierno, como les gusta decir, la corrupción volverá a salir ganadora en ese espacio de la impunidad en el que se ha manejado siempre.
Y con ella, las autoridades municipales, estatales y federales.
Hagan su juego. (…)
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