La Jornada Aguascalientes
Género: Opinión
Publicación: 23 de septiembre de 2011
Autor: Oswaldo Rodríguez García
En octubre comienza oficialmente el proceso electoral rumbo al 2012, ya se avizora la guerra encarnizada por el poder, la campañas sucias, los candidatos de plástico, enclenques propuestas y un sinfín de promesas ¿Y los ciudadanos qué?
La opinión pública ha centrado su atención desde hace más de un año en la silla presidencial. Todavía no arranca la carrera y ya hay heridos, divisiones, resquebrajamientos internos en las moles añejas del poder, sin embargo pocos se han detenido en pensar qué necesita México para salir a delante, porque un caudillo de la democracia no sería suficiente, aun sacando el sistema enfermo de Los Pinos las cosas no cambiarían, a menos que la Cámara de Diputados sea por fin ocupada por ciudadanos responsables, por verdaderos servidores públicos y sobre todo, con voluntad de hacer las reformas importantes que podrían rescatarnos a los mexicanos y nuestras instituciones de la ruina.
Este es el reto más grande que ha enfrentado México a lo largo de su historia, porque las condiciones son desfavorables en lo nacional y lo internacional, y es su propia historia quien le está cobrando caro los errores y las malas decisiones de quienes no han sabido gobernar y es hoy, tiempo crucial de rescatar la económica, el desarrollo social y el progreso en general de las familias del país.
Al conformar el Congreso de la Unión deberá ser el principal objetivo darle más poder a los ciudadanos, para ello deberán garantizarnos un proceso electoral que no deje dudas, además con un cuerpo de diputados atípico, congruente y ciudadano se respaldaría que se llevaran a cabo los compromisos que adquiere quien llegue a la Presidencia de México, quien sólo con un equipo adecuado podría sacarnos del atolladero al que nos han sumergido los últimos sexenios.
Para enfrentar un complicado panorama político y social, México deberá contar con una serie de reformas que ya hoy son impostergables, como el nombramiento de los consejeros electorales, pues ante un proceso como el que se viene, no puede haber un Consejo del IFE operando con sólo seis de sus nueve integrantes. Sin embargo, la actual legislatura se ha caracterizado por no ponerse de acuerdo y han dejado sin resolver las principales modificaciones que requiere en materia legal el país. La mayoría de los diputados federales se han distraído en ver cuál será su siguiente escalón político en sus respectivos estados, olvidando que en la Cámara hay un sin número de problemas por resolver antes de que culmine su gestión.
Cuestiones tan importantes como las candidaturas independientes, que parecía ser un proyecto favorable para la ciudadanía ante un sistema colmado de candados para que los ciudadanos puedan participar. Omisiones como esa obligan a que instituciones públicas y privadas tomen la iniciativa y se transformen para poder dar espacios dentro de la administración pública a la sociedad en general. Esa fue razón primordial para que naciera el Movimiento Ciudadano, por poner un ejemplo.
Incluso temas tan relevantes y que deberían ser de intenso análisis y debate se dejaron en la congeladora, como la propuesta de reelección legislativa y de alcaldías, en donde se buscaba modificar sustancialmente la Constitución para establecer la posibilidad de que los ciudadanos calificarán el trabajo de los servidores públicos y pudieran o no reelegir de manera consecutiva sus representantes, castigando o premiando así las malas o buenas decisiones.
Igual de importante y olvidada quedo la reforma para hacer obligatoria la segunda vuelta electoral, cuyo objetivo era clarificar los resultados cuando las diferencia de votos fuera sospechosa o demasiado estrecha, esto ayudaría a no dejar dudas y evitar los fraudes tan evidentes que siempre se han dado. Son ejercicios sanos de la democracia que ayudaría a que la ciudadanía recobrara la confianza sobre los procesos electorales, incluso es una medida para terminar con el abstencionismo y tener servidores públicos legitimados por el voto popular, no por decisiones arbitrarias de los cotos del poder mexicano.
Otra propuesta interesante y de necesario análisis es el llamado veto presupuestal, proyecto legislativo congelado que buscaba que se le permitiera al presidente de República devolviera a la Cámara de Diputados un decreto presupuestal que no considere necesario. Especifica dicha propuesta que en caso de devolverlo al Legislativo, tendría que ser aprobado por las dos terceras partes de los diputados. Reformas tan drásticas como éstas no pueden pasarse por alto, porque pueden ser armas de doble filo, pero a la par pueden ser las modificaciones sustanciales que podrían cambiar el rumbo del país.
Hay otra reforma digan de ser tomada en cuenta para su escrutinio, como la iniciativa preferente, que busca que el Poder Ejecutivo pueda presentar dos proyectos de Ley en el inicio de cada periodo ordinario, aplicando el principio de “afirmativa ficta”. Esa propuesta ya había sido presentada en Aguascalientes en la pasada legislatura por el entonces diputado Vicente Pérez Almanza, y al igual que en el Congreso de la Unión fue congelada pese a ser de las necesidades más importantes de cualquier legislatura. Ahí se les obliga a los diputados a discutir y dictaminar las iniciativas preferentes del Ejecutivo en un plazo no mayor a 30 días y en caso de no hacerlo se entenderá como aprobada en los términos que fue presentada. A este grado de chantaje legal se tendría que llegar para obligar a los representantes populares ha hacer su trabajo de manera responsable y evitar así que se acumulen cientos de iniciativas y reformas importantes en las Legislaturas.
También la consulta popular o el referéndum han sido reformas que se han ignorado, pese al clamor de la ciudadanía de ser escuchada y tomada en cuenta. El miedo a darle poder al ciudadano en las decisiones importantes del país es evidente. Esta reforma eso haría, empodera al ciudadano, porque obliga a los gobernantes a que ciertas decisiones complejas y de gran impacto social sean consultadas con la sociedad y los resultados tendrán que ser vincultarios, es decir, tomados y acatados por las autoridades.
La última reforma postergada que me gustaría mencionar es llamada iniciativa ciudadana, esto abriría las puertas del Congreso para que las sociedad expusiera sus necesidades, exigiera reformas que realmente impactarán en la ciudadanía. Se terminarían las ocurrencias legislativas que siempre han imperado en las Legislaturas.
En resumen, las reformas que México necesita, las que transformarían el rumbo político y social son las que se han congelado, las que se han ignorado y las que darían un poder y espacio prioritario a la ciudadanía. Es necesario que la sociedad tome las riendas del país, disminuyendo de manera importante la burocracia. Las repercusiones no serán populistas, es urgente más sociedad, menos gobierno.
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