LA TELARAÑA del caso Servando Gómez Martínez, La Tuta, enredó a las autoridades educativas de Michoacán. El temible integrante de banda La Familia no ha sido dado de baja del padrón de profesores de la Secretaría de Educación estatal porque la policía no lo ha detenido. El gobierno del perredista Leonel Godoy usa un argumento que nadie en sus cabales podría entender: el reglamento de las condiciones generales de trabajo determina la suspensión de labores en cuanto se concrete la prisión preventiva.
La maraña de las autoridades michoacanas llegó al grado de anunciar la suspensión del pago de sus cheques en junio de 2009. Por lo visto, no se enteraron que desde 2003 hay órdenes de aprehensión contra La Tuta y que en la PGR ofreció en marzo de 2009 una recompensa de 30 millones de pesos por la captura del número 3 de la organización.
OTRO bumerán en el tema educativo está a punto de impactar ahora al Congreso. Los representantes de las universidades privadas del país no salen del asombro por los resultados de la más reciente evaluación de la OCDE en el terreno educativo, cuando se topan con una nueva sorpresa que los ha puesto en guardia: una iniciativa en San Lázaro para hacer obligatorio el bachillerato. Es un proyecto que han empujado los diputados priístas Baltazar Hinojosa Ochoa y José Trinidad Padilla, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, y el perredista Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. La reforma constitucional cancela la libertad de los colegios privados de impartir en el nivel medio superior y representa un retroceso a las libertades ciudadanas, porque los planes y programas de estudio deberán ser decididos por el Ejecutivo, argumentan.
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