Detrás del disfraz de una Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente, el Congreso de Baja California Sur prepara, a instancias del gobernador Narciso Agúndez, un proyecto que dejaría casi toda la economía del estado en manos del gobernador. Los poderes que Agúndez se está otorgando a sí mismo y a sus sucesores serían un sueño cumplido hasta para un Hugo Chávez. Se espera que la nueva ley sea aprobada hoy por un Congreso obediente a las órdenes del gobernador.
Muchos grupos de la sociedad sudcaliforniana se oponen a esta nueva ley, la cual le permite al gobernador fijar de manera discrecional -a través de una facultad para formular, conducir, establecer, expedir, evaluar y diseñar la política ambiental- el posible desarrollo del estado.
La nueva ley le otorga al Ejecutivo la capacidad de decidir qué proyectos económicos pueden realizarse y cuáles no en Baja California Sur. Tendrá para ello el apoyo de una Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología que no será, sin embargo, más que un brazo de ejecución del gobernador. Un Consejo Consultivo ayudará al gobernador a tomar sus decisiones, pero para evitar problemas o cuestionamientos los miembros serán designados por el propio gobernador.
La nueva ley le da a la Secretaría de Planeación la facultad de proteger "áreas, zonas, sitios o elementos de valor escénico y de paisaje". No hay criterios claros para determinar qué acciones o actividades se prohibirán para proteger estos elementos escénicos o paisajes. Al final la ley le da facultades virtualmente discrecionales al gobierno para tomar estas decisiones. La definición del uso de suelo de una localidad, por lo pronto, quedará a cargo del gobierno del estado.(…)
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