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La atención pública es concentrada en los entretelones macabros de la búsqueda de los restos óseos del asesinado Hugo Wallace y en los pliegues familiares y criminales del adolescente ejecutor apodado El Ponchis, mientras en el arranque del sopor navideño la piñata de los regalos políticos es reventada a golpes de cinismo e irresponsabilidad.
Tal como se preveía, la yunquista Cecilia Romero ha pasado de los trenes de la muerte y del maltrato criminal a migrantes a la secretaría general del comité nacional panista. Como si nada, sin castigo alguno, políticamente triunfadora, la ex directora del Instituto Nacional de Migración es ahora la segunda funcionaria en importancia del partido (todavía) en el poder. Por unanimidad, los 40 integrantes del CEN del partido blanco y azul formalizaron la exoneración política de quien tuvo que dejar su cargo federal luego de la matanza de decenas de migrantes centro y sudamericanos encontrados en un rancho tamaulipeco, lo que solamente fue un nutrido botón de muestra de la diaria agresión mexicana a ese tipo de viajeros indocumentados.
Dicha es la suerte de los funcionarios calderonistas que cometen desde faltas administrativas hasta pillerías descaradas o actos criminales: se les sostiene en el cargo hasta donde es posible y, si fuera necesario quitarlos del puesto, se les busca acomodo similar o superior, para que se mantenga la unidad mafiosa en la cúpula.
A Juan Camilo Mouriño solamente la muerte lo retiró de la carrera de acumulación de riqueza pública en cuentas personales y familiares, pues su protector jefe lo sostuvo a pesar de las evidencias de esos conflictos de intereses y tráfico de influencias.
A Juan Molinar Horcasitas se le llevó a la jugosa Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pesar de su responsabilidad en el manejo del Seguro Social y en específico de las guarderías que luego acabaron en incendios y muertes infantiles, como sucedió en Hermosillo.
A la ex jefa de la oficina de Calderón, Patricia Flores, se le ha promovido a otros cargos –estratega de la campaña de Roberto Gil por la presidencia del PAN, empeño frenado en seco por la señora Margarita que cada vez toma más control y presencia, ante la languidez de su emproblemado esposo– e incluso se ha buscado que ocupe una embajada importante, a pesar de la insistente versión de manejo fraudulento de fondos públicos a su cargo para celebraciones bicentenarias y centenarias.
Y a la panista que durante años sostuvo la corrupta red criminal del Instituto Nacional de Migración –extorsiones por sistema, agresión a los viajeros, complicidad con policías estatales y federales para hacer negocio con quienes en su mayoría son centroamericanos– y a la que estalló el escándalo internacional del rancho San Fernando, se le lleva ahora al segundo nivel panista, pa’ que aprendan a respetar.(…)
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