Se entiende que a alguien no le parezca necesario ni conveniente el acuerdo firmado por distintos medios sobre cómo informar sobre la violencia sin volverse vocero involuntario de los violentos.
Lo que no se entiende es que atribuyan a ese acuerdo el propósito de censurar a alguien. El acuerdo es voluntario, lo asume quien quiere y lo cumple cada quien a su manera.
No hay nada que exigir o reprochar a quien no participa del acuerdo. Tampoco a quienes participan de él. Es un acto libre de asociados libres.
Por mi parte no sólo he firmado el acuerdo, sino lo he promovido y lo defiendo abiertamente. Me parece que los firmantes del acuerdo tratamos de dar una respuesta profesional a un desafío serio que enfrentan no sólo los medios, sino la sociedad misma, de la cual esos medios son el espejo y el sistema nervioso. (Si el sistema nervioso exagera el espejo humea de más)
El problema es cómo mantener informada a la sociedad de la violencia que la aqueja sin sobredimensionar ni multiplicar esa violencia en la imaginación social, en la conciencia pública. El acuerdo ofrece una respuesta colegiada a ese problema, que han tenido y resuelto razonablemente otras sociedades, la colombiana, por ejemplo, de cuya propuesta el acuerdo mexicano incorpora muchas lecciones.
Creo que ningún periodista serio puede negar que el crimen organizado es un problema serio, quizá “el” problema serio del país. Y que un escenario central de ese problema son los medios de comunicación.
En mi opinión, lo fundamental es no colaborar involuntariamente con los propósitos de intimidación social del crimen organizado. Queremos informar a la sociedad, no aterrorizarla. Creo que está claro ya para los profesionales de la comunicación que los medios son un campo de batalla en la guerra contra el crimen. Y que los barones del crimen organizado tienen buen instinto mediático, saben usar a los medios para lograr sus fines. Saben usarnos.(…)
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