Está en curso la visita a México del Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. El pleno del grupo, integrado por cinco miembros, celebró aquí su nonagésima tercera sesión, del 14 al 18 de marzo, y a partir de entonces, y hasta el próximo jueves, tres de sus integrantes permanecen en nuestro país. Al cabo de su misión aquí el Grupo emitirá un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que depende, que lo incluirá en la evaluación a presentarse en 2012 sobre ese atroz fenómeno que crece entre nosotros como una plaga sin que haya nada que lo impida.
El Grupo de trabajo fue creado en 1980, para ocuparse de la desaparición forzada de personas, una de las características más crueles de las sociedades autoritarias y de menor desarrollo político. Para infortunio nuestro, México ha caído en esa categoría y por eso el Grupo se hizo invitar por el gobierno.
Su papel consiste en averiguar in situ la situación de esa peculiar e inadmisible forma de privar ilegalmente de la libertad a una persona. Para imponerse de las condiciones prevalecientes, el Grupo o sus delegados se han reunido con autoridades y grupos civiles directamente interesados en la materia, ya sea compuestos por familiares de desaparecidos o agrupaciones que luchan por su presentación.
La composición del Grupo de trabajo es pluricultural: su presidente-relator es Jeremy Sarkin, de Sudáfrica, y sus miembros, Olivier de Frouville, de Francia; Jasminka Dzumhur, de Bosnia; Osman El-Hajjé, de Líbano, y Ariel Dulitkzy, de Argentina. Los tres últimos realizan en estos días sus últimos encuentros y presentarán su visión preliminar el jueves próximo, inmediatamente antes de retornar a Ginebra.
Si bien el Grupo está obligado, conforme al protocolo, a agradecer la recepción que les ha sido ofrecida por el gobierno, de sus funcionarios han escuchado -según las comunicaciones oficiales, por ejemplo el boletín número 100 de la Secretaría de Gobernación- versiones idílicas de lo que acontece en esa materia en nuestro país. Se atienden las denuncias, se realizan las investigaciones; en suma, se cumple la ley. (…)
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