Ayer, en el Museo Nacional de Antropología, los principales consorcios mediáticos del país, acompañados por opinadores, cúpulas empresariales y algunos organismos no gubernamentales, se pusieron de acuerdo para uniformar su línea editorial en el tratamiento noticioso de la violencia y la criminalidad que sacuden al país.
En un documento que empieza por reconocer que está a prueba la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia y que la libertad de expresión se encuentra bajo amenaza, los firmantes expresaron su preocupación por la posibilidad de que los hechos pueden tener como fin primordial convertirnos en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado, dieron por hecho que el terrorismo es un fenómeno corriente en el país y acordaron, entre otras cosas, evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes, abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales contra la delincuencia organizada, impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos y a omitir o desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos.
Convinieron, asimismo, en presentar la informacion en su contexto correcto y en su justa medida, atribuir responsabilidades explícitamente, no prejuzgar culpables y no interferir en el combate a la delincuencia; específicamente, “no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de quienes la combaten o la de sus familias”.
Ciertamente, la tarea de informar requiere de responsabilidad, sentido social y conciencia de las posibles implicaciones y consecuencias de lo que se difunde. En este sentido, pero más allá de esa consideración elemental e irrenunciable del oficio, cabe preguntarse por las razones que llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas, pero también por las dependencias públicas.
En esta perspectiva, no puede omitirse el hecho de que algunas de las empresas que encabezan el acuerdo referido han pasado en forma contumaz por encima de las leyes –como ocurrió con la recuperación del Canal 40 por un grupo armado al servicio de Tv Azteca o con la difusión de propaganda electoral oficialista, e ilegal, en las campañas de 2006– y han desvirtuado la lógica institucional mediante presiones, chantajes e incursiones ilegítimas en el quehacer legislativo.
Por lo demás, el mero propósito de condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada conlleva la pretensión de prejuzgar, en detrimento de la información apegada a los hechos y del principio jurídico de presunción de inocencia; tomado como mandamiento, evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes constituye un absurdo idiomático; el postulado de impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas abre el margen para el linchamiento mediático de inocentes; la idea de presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida encierra una ominosa pretensión de arrogarse el derecho a decidir sobre lo que es justo y correcto; la propuesta de asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia ignora que muchas veces el trabajo noticioso no tiene, por sí mismo, capacidad –ni facultad– para atribuir responsabilidades; sin ánimo de justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo, tal intento de prohibición abre la posibilidad de censurar el ejercicio de análisis y reflexión que debe acompañar a las noticias; la idea grotesca de establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada constituye una renuncia inadmisible a la independencia editorial de cada medio, si no es que un intento totalitario por uncir al conjunto del quehacer periodístico a directrices cuya autoría se deja en el misterio.
Se soslaya, pues, el deber de la autorregulación y se pretende la imposición, en su lugar, de un modelo de uniformidad sectorial que, significativamente, evoca las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sobre lo que en su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un periódico.
Si algo requiere la sociedad en la exasperante y dolorosa circunstancia actual es de información responsable y autorregulada, sí, pero también diversa, crítica y analítica. Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial.
EL ACUERDO
Carmen Aristegui F.
Reforma
25 Mar. 11
"Balance", hubiera sido el nombre del periódico que Felipe Calderón habría dirigido si, en lugar de haber sido político, hubiera sido periodista, según dijo él mismo cuando se refería, críticamente, a lo que sucede hoy en los medios de comunicación.
Inspirado en Castillo Peraza, dijo que las únicas informaciones que son precisas y confiables son aquellas que se refieren a los resultados deportivos. A principios del año pasado, también, recriminó a los medios que difundían gratis las mantas de criminales, mientras que -confesión textual- a los del gobierno "nos cuesta varios millones de pesos pagar una primera plana". Ha dicho también, que el gobierno no ha sabido explicar lo que se está haciendo en el combate al crimen. Ha lamentado no tener "... el control de la información estatal". Parece estar convencido de que lo que hay aquí es un problema de percepción.
Viene al caso recordarlo, a la luz de la firma del "Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia", realizada este miércoles en el Museo de Antropología. El acuerdo se firmó bajo los auspicios de "Iniciativa México", el proyecto impulsado desde la televisión. Por diferentes motivos, el texto del acuerdo no fue suscrito ni por todos los medios ni por todos los periodistas del país. Algunos, como Reforma, explicaron en dos líneas sus razones. El acuerdo busca establecer: "criterios editoriales comunes" para "la cobertura informativa de la violencia".
Llama la atención que para estrenar "criterios editoriales comunes" algunos colegas firmantes nos identificaron reiteradamente como "mezquinos" o "los mezquinos de siempre", a los que, en nuestro derecho, no suscribimos un acuerdo uniformador como el que fue anunciado. Entre otras cosas, como en mi caso, porque ni siquiera fuimos invitados.
Por supuesto que no se puede estar en desacuerdo con varios de los planteamientos hechos en el texto sobre la responsabilidad de los medios y el papel relevante que jugamos cuando realizamos nuestras tareas informativas y de opinión, especialmente, en un contexto tan delicado como el que ahora vivimos.
Por supuesto que la sociedad merece un marco de comportamiento ético dentro de los medios para comprender y estar enterados de una realidad tan cruda como la que tenemos enfrente, pero resulta imposible sacudir la sospecha -como diría el doctor Edgardo Buscaglia- de que la pretensión final de todo esto es: "... gerenciar el flujo de la información", uniformar coberturas e intentar modificar, desde los medios y no desde la transformación misma de esta realidad, la percepción social de lo que está pasando.
El acuerdo se firma, en el momento en el que todos los indicadores apuntan al fracaso de la estrategia gubernamental. Obama dijo a CNN que Calderón estaba frustrado por "el crecimiento de los cárteles", en el peor de los diagnósticos posibles. El FBI habló de resultados insatisfactorios. Napolitano advirtió que "... la batalla contra los cárteles está en un punto muy peligroso y puede retroceder hasta donde empezó... es necesario sostener la lucha porque de lo contrario los cárteles continuarán creciendo".
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes recién informó que las organizaciones criminales en México dominan la oferta ilícita a granel de cocaína, heroína y metanfetaminas en Estados Unidos.
Noventa por ciento de la cocaína de Sudamérica pasa por México. El cultivo de amapola para heroína en México ha crecido sostenidamente desde el 2000. Somos el tercer lugar en producción de opio. La corrupción sigue obstaculizando el combate al narcotráfico. El secretario de Salud informó que en seis años se ha duplicado el consumo de cocaína y ha aumentado 50% el de marihuana. Una encuesta de la American Chambers dice que el 67% de empresarios se sienten inseguros. En materia de detenciones, los expertos hablan de un sesgo a favor del cártel más poderoso. La cifra oficial de muertos asciende a 34 mil 612 personas, al corte de enero. La violencia y las prácticas de terror son de todos conocidas.
Estamos, en resumen, ante un balance catastrófico y hay que saberlo. Es este un contexto en el que lo que menos se necesita es uniformidad, "discreción", o achatamiento de los medios que es, precisamente, lo que sugiere la firma de este acuerdo. Lo que la sociedad mexicana requiere es una cosa enteramente distinta: información clara, precisa, amplia, diversa, plural y crítica de los sucesos que marcan la vida nacional. Cualquier intento en sentido contrario será derrotado por la realidad misma.
Julio Hernández López
ASTILLERO
La Jornada, 25 de marzo de 2011
…Lo sucedido ayer es un movimiento en busca de consolidar el poder fáctico de las televisoras y sus aliados, confirmando su capacidad extraordinaria para modelar las percepciones nacionales y abriendo camino, prefigurando las posibilidades de manipulación que ya en 2006 ayudaron de manera importante a instalar una opción ilegítima y, en 2012 podrán anular desde pantallas, radio y prensa aliadas, los esfuerzos sociales por cambiar no sólo la representación o imagen de los hechos, sino su fondo y sustancia.
El poder de Televisa, el centro operativo e intelectual de esta operación mediática, ha arrastrado, para convalidarse, a instituciones y personajes que merecieran otorgarse más consideración sobre ellos mismos, entre otros el rector de la UNAM, José Narro Robles, quien en busca de reflectores y micrófonos parece siempre dispuesto a lo que sea. El chantaje de la presencia o ausencia en las pantallas ha arrollado cualquier reticencia, convirtiendo a los actores y factores políticos en mendicantes de publicidad, en serviciales apoyadores de los teletones ideológicos, políticos o periodísticos de los dueños de las televisoras con tal de aparecer luego en esos espacios tan ansiados.
Se está ya ante una exploración triunfante de las posibilidades de una mayor manipulación informativa y analítica de eventuales conflictos políticos y sociales: hoy se establece una veda a ciertos segmentos de la realidad, “para no hacerle el juego al narcotráfico”, y mañana esos mismos criterios subjetivos, investidos de patriotismo mercantilizado, podrán censurar sin pudor lo que según su interpretación haga daño a la nación de las élites, a la república del empresariado, al México de la iniciativa privada.
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