[Leo Zuckermann. Juegos de poder] ¿Por qué firmé el Acuerdo?

Parto de la premisa de que México está viviendo una situación extraordinaria, en su acepción de “fuera de lo habitual o común”. La violencia se ha incrementado cuantitativa y cualitativamente. Tenemos entre 200 y 300 ejecuciones en promedio por semana y cada vez con más saña. En este espacio he dicho, y lo sigo sosteniendo, que un problema de esta naturaleza implica el involucramiento activo de toda la sociedad incluidos, desde luego, los medios de comunicación.

Esta guerra, lucha, esfuerzo o como quiera llamársele no la va a ganar ni perder sólo el gobierno. La vamos a ganar o perder todos. Por eso debemos comprometernos e involucrarnos para que México vuelva a ser un país seguro.

Me gusta, en este sentido, el Acuerdo porque se trata de un ejercicio voluntario. Es un intento de autorregulación de los medios ante lo extraordinario de la situación. Cuando termine el flagelo de la violencia, el Acuerdo se acaba y punto. O cuando alguien ya no quiera pertenecer a él, pues simplemente lo informa. Incluso algunos medios y periodistas decidieron no firmarlo. Están en su derecho. Este es un ejercicio voluntario no coercitivo. Empresas y comunicadores lo cumplen porque están de acuerdo con los términos suscritos.

¿A qué nos comprometimos los que firmamos? Muchas son cosas que parecen perogrulladas pero que valía la pena ponerlas en blanco y negro. Por ejemplo, el primer criterio editorial al que nos comprometemos es a “tomar postura en contra” de la violencia y la delincuencia organizada. Yo no tengo duda: en el enfrentamiento entre el Estado y el crimen yo quiero que gane el Estado. En este sentido, “bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo”.

Uno de los temas más polémicos de lo que firmamos tiene que ver con el compromiso de “no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”. En la cobertura noticiosa debemos: “Evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes. Abstenernos de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra de la delincuencia organizada. (…)