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Género: Nota Informativa
Publicación: 22 de marzo de 2011.
Autor: Martha Elba Figueroa
Distrito Federal— A pesar de que legisladores federales insistieron en que los vuelos no tripulados norteamericanos en territorio nacional, acordados secretamente por México y Estados Unidos, violan la Constitución, el gobierno federal ha defendido su decisión al asegurar que al no estar ocupados por tropas extranjeras quedan exentos de las limitaciones legales actuales.
Los legisladores de oposición han resaltado que el gobierno federal carece de facultades para acordar este tipo de maniobras en territorio nacional, pues, cualquier acción de elementos extranjeros en México, debe estar respaldada por el Senado de la República.
El senador petista Ricardo Monreal ha sido el mayor crítico de estas operaciones, pues asegura que “el Gobierno Mexicano carece de autoridad moral y política para alzar la voz, porque aquí mismo él auspicia, propicia y realiza sus operaciones encubiertas al margen de la Constitución, del Poder Legislativo y de la ciudadanía”.
Su incursión en el espacio aéreo mexicano, recordó el legislador federal durante la comparecencia de la canciller Patricia Espinosa ante senadores, requiere de autorización del Ejecutivo y del Legislativo, porque de otra manera sería una violación flagrante de la Constitución y de la Soberanía.
Al respecto, la secretaria de Relaciones Exteriores puso como principal argumento de defensa que “las peticiones que hemos formulado y los permisos de sobrevuelo, las peticiones que se formularon en casos específicos, en situaciones específicas con objetivos muy concretos para obtener información de inteligencia a través de los vuelos de aeronaves no tripuladas, tuvieron lugar en ejercicio de las facultades previstas en la Constitución y las leyes federales”.
De acuerdo con la funcionaria federal, “la prioridad es la seguridad de los mexicanos, el combate a estas bandas de crimen organizado que no tienen ningún escrúpulo para utilizar todos los recursos a su alcance”.
Sin embargo, Ricardo Monreal cuestionó en qué artículo de la Carta Magna se señala la presunta facultad, pues “las 20 fracciones que establece el 89 no menciona ninguna de ellas, incluso dice que es una herramienta para obtener información, me parece absurdo y dice que hasta han protegido la vida de agentes y de policías, yo le digo a usted que están violando la Constitución, y que pudiera estar de acuerdo con usted que sean indispensables, lo cierto es que violaron la Constitución y debieron enviar la solicitud de autorización a este Senado de la República y no lo hicieron, no hay justificación válida, simple y sencillamente se están conduciendo como reyezuelos de una monarquía absoluta”.
Argumentos con los que coincidieron senadores de otros partidos, como Dante Delgado, coordinador de Convergencia, quien afirmó que se violenta la Constitución General de la República al no informarlo al Senado de la República; estoy seguro que estas acciones se tomaron sin el conocimiento de la Cancillería”.
Finalmente, el diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aseguró que este tipo de acuerdos deben contar con la aprobación del Senado de la República y evitar “acuerdos en lo oscurito”.
En entrevista, enfatizó que si bien el convenio no vulnera la soberanía porque no está ocurriendo una invasión al territorio nacional, esa medida debe contar con el aval del Senado de la República.
Lo cuestionable –insistió- es que aún cuando es un convenio entre México y Estados Unidos, no se solicite la autorización del Senado de la República, como lo mandata la ley porque sería un acuerdo en lo oscurito.
No se trata, dijo, de una intervención, sino de un operativo de lucha bilateral para detectar cuestiones que son consideradas jinetes del apocalipsis como armamento o sembradíos de droga.
Aclaró que los únicos que pueden actuar en territorio nacional son las autoridades mexicanas. Muchas veces llega información de órganos de inteligencia norteamericanos o de otros países sobre aspectos que ocurren en el país, pero la actuación soberanamente corresponde a los mexicanos, insistió.
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