Hace una semana el gobernador Enrique Peña Nieto anunció una reforma administrativa, ministerial y judicial en torno de la violencia de género. Con cursilería que revela su mentalidad convencional, escogió el Día del amor y la amistad para dar a entender que es sensible a una de las deficiencias más acusadas de su gobierno, que se manifiesta en el crecimiento de las agresiones contra mujeres, que ha producido casi un millar de feminicidios en el término en que ha ocupado el Palacio de Gobierno en Toluca.
No lo hizo todavía. Sólo anunció intenciones. Dijo que presentará al Congreso estatal -que abre en marzo su periodo de sesiones ordinarias- un paquete de enmiendas y adiciones legales para tipificar delitos contra las mujeres. En el mismo sentido, anunció la apertura de una subprocuraduría especializada en ese tipo de ilícitos y la creación de juzgados dedicados a los procesos correspondientes. La subprocuraduría contará con oficinas en las diversas regiones de la entidad, y con un cuerpo de 200 agentes ministeriales especialmente entrenados. Actualmente funcionan 17 agencias especializadas en violencia sexual y familiar.
Con ese anuncio Peña Nieto parece perseguir tres propósitos. Por un lado, mostrarse sensible al fenómeno de la violencia de género: "Valoro y me sumo a las preocupaciones expresadas por los diversos actores sobre el tema". En segundo lugar, establecer en sus propios términos, sin intervención y mucho menos supervisión externa, las acciones que se le han demandado. Y en tercer lugar, lavarse la cara después de su actitud en sentido contrario expresada exactamente un mes atrás. Entonces minimizó la importancia de los feminicidios en el Estado de México, con argumentos zafios como que se trataba de politizar en su perjuicio un fenómeno social de alcance nacional y que el caso mexiquense no era el peor.(…)
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